Porque actualmente el Senado tiene detenida la iniciativa para eliminar fuero a funcionarios
Siempre que sale a la luz una irregularidad en donde se pone en la mira a un funcionario (sí, Javier Duarte es un buen ejemplo), el fuero constitucional entra en seguida a cuadro y se convierte en protagonista.
Esta polémica figura jurídica ha causado indignación entre la ciudadanía, pues está asociada a la corrupción y la impunidad; sin embargo, también tiene sus ventajas.
A continuación te presentamos los pros y los contras de que funcionarios tengan fuero en México.
LOS PROS
Libertad de expresión
El fuero es una figura jurídica que se creó para proteger las opiniones e ideologías de senadores y diputados. Surgió en 1812 con la Constitución de Cádiz. En esa época era mal visto expresarse en contra del régimen político. Con los años, el fuero se extendió a presidentes municipales, gobernadores y al presidente de la República. Actualmente se rige bajo el artículo 61 de la Constitución.
“Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”, se lee en la Constitución.
El caso más emblemático de persecución política fue el del senador Belisario Domínguez, quien arremetió duro y a la cabeza contra el entonces presidente Victoriano Huerta. Domínguez reprochó al presidente la manera en cómo llegó al poder y lo calificó de sanguinario y asesino, razón por la que fue perseguido, encarcelado y después asesinado.
Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que la figura del fuero debe permanecer, al menos para senadores y diputados, para garantizar la libertad de expresión y evitar que se conviertan en perseguidos políticos.
"La figura (de fuero) aún no se ha entendido correctamente, si bien es una protección para un legislador y otros funcionarios, no fue creada expresamente para que se sintieran con permiso de cometer delitos, ese no es el origen del fuero y debe quedar muy claro"
Posiciones políticas
Aunque el contexto histórico del país ya no es como el de 1812, para Imer Flores, eliminar dicha figura traería consecuencias para los senadores o diputados de la oposición que quieran hacer críticas al gobierno.
"El fuero sirve para que en tribuna (los legisladores) cuestionen lo que hacen otros partidos, al gobierno, que sean críticos con los nombramientos a magistrados o consejeros, tratar de eliminar por completo el fuero es no entender la importancia de garantizar la independencia que deben tener senadores y diputados del poder Ejecutivo", explicó el constitucionalista.
Este privilegio lo gozan en México el presidente de la República, gobernadores, legisladores, ministros, magistrados y los presidentes municipales.
LOS CONTRAS
Impunidad
Aunque el fuero sirve para proteger las expresiones políticas, en la práctica se ha transformado en sinónimo de impunidad y permite que la justicia no actúe de manera inmediata contra algún funcionario, explicó el senador Armado Ríos Piter.
En pocas palabras, si un funcionario público es acusado de cometer un delito, no podrá ser procesado como un simple mortal, para ello, deberá someterse a un proceso muy largo en donde se le quitará dicha protección.
Ríos Piter aseguró que el fuero ya no es necesario para el trabajo legislativo.
"(Es) una figura obsoleta, su aplicación ya no tiene razón de ser, se convirtió en un mecanismo de impunidad para algunos funcionarios y ya no es una forma eficiente para proteger a los servidores públicos frente a la persecución política y la represión autoritaria"
Juicios eternos
Para que un diputado, senador, presidente municipal o gobernador pueda ser sometido a un proceso judicial cuando es acusado de cometer algún delito deberá pasar por el juicio de procedencia, un trámite que podría durar hasta 60 días.
El ejemplo más reciente es el caso de la diputada del PAN, Lucero Sánchez, acusada de tener vínculos con Joaquín el Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Para que la entonces diputada local por Sonora pudiera ser requerida por las autoridades, tuvo que pasar por un juicio de procedencia, antes llamado desafuero. En dicho juicio, una comisión especial revisará el caso con base a las pruebas entregadas por las autoridades, el Jurado de Procedencia, como se le llama a esta comisión, tendrá hasta 60 días para emitir un dictamen, el cuál deberá ser avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Si la resolución es quitar el fuero al funcionario público, éste quedará de inmediato a disposición de las autoridades; sin embargo, en caso de que la comisión decida que no hay suficientes pruebas para desaforar al acusado, las autoridades deberán esperar a que el funcionario termine su encargo para poder reiniciar la investigación.
Para contrarrestar este trámite, el senador Ríos Piter dijo que su grupo parlamentario planteó una iniciativa con el objetivo de preservar la sustancia de la protección frente a toda persecución política, pero al mismo tiempo, permita que el funcionario pueda ser procesado sin la necesidad de pasar por el juicio de procedencia.
Octavio Martínez, maestro en Derecho de la Universidad Iberoamericana, aseguró que el verdadero debate debería centrarse en las reglas del Juicio de procedencia, pues es ahí donde los inculpados aprovechan que las autoridades no pueden proceder en su contra aunque tengan abierta una investigación.
"Tener fuero no impide que los funcionarios sean investigados, lo que impide es que las autoridades cumplimenten las ordenes de aprehensión, y es ese periodo el que impide que la justicia actúe de manera eficaz".
