Porque este es otro caso más de exgobernadores polémicos
El actual gobernador de Chihuahua, Javer Corral, aseguró que su administración ya trabaja para ejercer procesos legales en contra de su antecesor, César Duarte Jáquez, a quien calificó como "prófugo de la justicia".
¿Pero por qué ha causado polémica César Duarte? Checa las acusaciones que ha enfrentado el exmandatario chihuahuense, al que, por cierto, su partido (el PRI) ya analiza expulsar.
1. CHIHUAHUA "EN BANCARROTA"
La deuda de Chihuahua es uno de los temas más polémicos de la administración de César Duarte.
¿Cuánto se debe? La Secretaría de Hacienda y Credito Público (SHCP) señala que el estado tiene una deuda registrada hasta el cuarto trimestre de 2016 de 42 mil 213 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento del 240% a comparación con la que presentaba el estado al inicio del mandato de Duarte Jáquez. Hasta el final de 2016, la deuda per cápita que tenían acumulada los chihuahuenses era de 13 mil 442 pesos, la segunda más alta del país.
Por su parte, el gobierno de Javier Corral, quien entró al cargo en octubre de 2016, asegura que la deuda que dejó César Duarte asciende a 55 mil mdp. "Me dejaron un estado en bancarrota, es una hecatombe económica, financiera y de caja, es un desastre administrativo lo que nos dejaron” aseguró Corral en noviembre de 2016.
Asimismo, el actual secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Veles, aseguró en noviembre de 2016 que la administración anterior, la encabezada por César Duarte, ocultó deudas, creó empresas fantasma a las que otorgó contratos y concretó un compromiso por mil 300 mdp con la Comisión Federal de Electricidad.
2. EL INE LO INVESTIGA
En diciembre de 2016, el Instituto Federal Electoral (INE) abrió un proceso para investigar un presunto desvío de recursos públicos del gobierno de Chihuahua hacia el PRI. Por ello, la autoridad electoral pidió información al respecto a Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; a Pedro Mauli Romero, secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Chihuahua, y al actual gobierno encabezado por Javier Corral.
El proyecto de acuerdo del INE señala que "esta autoridad tuvo a la vista información susceptible de verificar respecto al probable desvió de recursos públicos por parte del gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del PRI”. Hasta el momento, dicho instituto no ha informado sobre el resultado de esa investigación.
3. QUIMIOTERAPIAS FALSAS
El secretario de Salud de Chihuahua, Ernesto Ávila, aseguró en enero de 2017 que les fue suministrado medicamento apócrifo a ocho pacientes con cáncer, durante la gestión del exgobernador Duarte Jáquez.
El funcionario del actual gobierno de Javier Corral señaló que por ese caso se abrió una investigación interna en la secretaría de Salud chihuahuense en 2012, que fue cerrada en 2014. Los pacientes fueron tratados en el Centro Estatal de Cancerología de ese estado.
En Veracruz, durante el gobierno del prófugo Javier Duarte, ocurrió un caso similar, de acuerdo con el actual gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes.
4. POLÉMICA FORTUNA
El gobernador Duarte Jáquez reconoció durante una entrevista a Televisa en agosto de 2016 que tiene una fortuna de 100 millones de pesos. En el noticiario de Carlos Loret de Mola, Duarte aseguró que su fortuna la había acumulado antes de ser gobernador.
Ante esas declaraciones, Javier Corral (entonces gobernador electo) señaló que: "Por supuesto que todos sabemos que la de Duarte es una fortuna no solamente mal habida, ilegítima, sino mucho mayor".
Además, en 2015 Duarte Jáquez fue acusado de desviar alrededor de 80 mil millones de pesos de recursos públicos a la creación del Banco Progreso, del cual el gobernador es socio y accionista. Sobre la administración saliente de Duarte también pesan 17 denuncias penales interpuestas por la ASF por supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales.
5. BLINDAJE FALLIDO
En julio de 2016, el presidente Peña Nieto promovió, a través de la PGR, una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas en materia de anticorrupción propuestas por el entonces gobernador César Duarte. Dichas reformas buscaban que el propio gobernador Duarte desiginara al fiscal anticorrupción para los siguientes años, lo que se interpretó como un blindaje a su administración ante la inminente llegada al poder estatal de Javier Corral.
