Porque después de la inseguridad, la corrupción es el problema más grande del país
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Cámara de Diputados que, en los últimos 10 años, el 98% de las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por actos de corrupción de funcionarios públicos han sido desechadas.
En un informe entregado a los legisladores expuso que en las auditorías realizadas a las compras de medicamentos que hicieron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2014 y 2015, “se detectaron diversas irregularidades”.
En el caso del IMSS, "los hospitales recibieron medicamentos sin actualizar los contratos, se rebasaron los montos autorizados por adjudicación directa y existían medicamentos que caducaron en 2010; además de una falta de evidencia de traspaso de medicamentos”.
En el ISSSTE, "el manual de procedimientos donde se estipulan las políticas de adquisición y suministro de medicamentos no estaba actualizado, y se adquirieron medicamentos que no estaban autorizados”.
Además, de 2012 a 2015 ambas dependencias del gobierno federal compraron tecnologías de cómputo (hardware y software) que no se utilizaron y terminaron almacenadas.
Otra irregularidad fue que se compraron programas y plataformas de cómputo a sobreprecio que presentaron deficiencias y por lo tanto no realizaron el trabajo óptimo para el que fueron adquiridas.
PONER CANDADOS
Por lo anterior, la ASF solicitó a los diputados una urgente reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “para poner más 'candados' a las asignaciones por excepción, lo que sería una de las primeras reformas necesarias”.
Plantea también que "no es necesario que a la ASF se le otorguen atribuciones para sancionar a los servidores públicos que no cumplan con su función, pues con las que se le dotó cuando se constituyó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en 2016, el organismo puede contribuir de una manera más contundente a que se castigue a dichos funcionarios”.
Se apunta que antes de la creación del sistema anticorrupción, cuando la ASF detectaba que un funcionario actuaba de forma irregular se limitaba a denunciarlo ante la SFP, para que lo investigara y procediera a sancionarlo.
Pero, “desafortunadamente, en los últimos 10 años, de todas las promociones de responsabilidades administrativas que hemos generado ante la SFP, 98% se desecha o nos informa que no ha lugar (no procede) sancionar al servidor público”.
La ASF plantea que con el nuevo sistema anticorrupción, ahora la Auditoría Superior tiene la obligación de denunciar los casos graves, ante las procuradurías de justicia, la fiscalía anticorrupción o tribunales administrativos, para que se investigue y se apliquen las sanciones correspondientes.
La Auditoría aseguró que dotar a su institución con atribuciones sancionatorias no es conveniente para el organismo, porque entonces "sería juez y parte".
