Una versión de este reportaje se publicó en el tercer número de la revista Bloomberg Businessweek México el 17 de agosto de 2017
Si la lucha contra la corrupción fuera un mundial de futbol, México llegó a las semifinales, aunque falta un delantero que meta los goles para aspirar al “campeonato”.
Y es que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació incompleto, sin el fiscal encargado de la persecución y sanción de los actos de corrupción.
El 18 de julio de 2017, hace más de tres meses, venció el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para la designación del titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, nombramiento que corresponde al Senado de la República.
Al día siguiente, 19 de julio, debió entrar en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas e instalarse los sistemas locales anticorrupción en los 32 estados, así como la ratificación de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
"Faltan piezas importantes, están incompletos los sistemas locales anticorrupción. Hay estados que han hecho sus reformas pero hay otros que ni siquiera las han empezado. Es una estructuración incompleta"
«Jacqueline Peschard»
“Aun así, el sistema está arrancado, las piezas centrales están activas”, dice Peschard, representante del Comité de Participación Ciudadana.
El SNA tiene como objetivo “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción”, se lee en el decreto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero esta iniciativa no ha estado libre de resistencias, incluso reconocidas en el propio seno del sistema.
“No puedo ver intenciones, pero lo que sí puedo ver son los hechos objetivos: congresos en distintos estados que han hecho su labor de manera incompleta o no han seguido los principios que señala la Constitución y también la falta de nombramientos por parte del Senado”, detalla Peschard en entrevista.
Esto ha provocado que, pese a estar en marcha, el Sistema Nacional Anticorrupción al día de hoy no goce de total validez.
“La falta de fiscal anticorrupción ha generado problemas, porque naturalmente al no estar el fiscal nombrado no existe la vigencia plena de las normas o de los nuevos delitos que se conocen de corrupción. Esa parte ya la hemos denunciado”, menciona Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
UN EJEMPLO DEL PROBLEMA
Para muestra, Nación321 hizo una consulta en agosto por medio del área de transparencia estatal al gobierno de Baja California Sur para conocer la declaración patrimonial del gobernador Francisco Vega De Lamadrid, quien es uno de los gobernadores que se ha negado a revelar sus bienes.
La Dirección de Control y Evaluación Gubernamental dio como respuesta a la solicitud con el folio 173075 lo siguiente: “Se le informa la imposibilidad Jurídica de proporcionarle la información solicitada, toda vez que en lo concerniente a las versiones públicas de las Declaraciones Patrimoniales es requisito indispensable contar con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, es decir que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por escrito, lo que en el presente caso no ocurre”.
El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que “las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, explicó que ese es un deber que ya nadie lo puede evitar y quien no lo haga incurre responsabilidades que se pueden hacer valer.
“Lo que pasa es que todavía hay una cláusula opcional de la publicidad”, con lo que todavía pueden evitar dar a conocer esa información. Este es un ejemplo de los vacíos que aún le restan llenar al sistema.
Para Alejandro Legorreta, presidente de la organización Opciona, la realidad es que en muchos estados la separación de poderes no existe.
"El Ejecutivo suele tener comprados a los congresos y a muchos jueces. En ese sentido, articular los sistemas estatales anticorrupción será mucho más complicado, porque las instituciones que se sienten en las mesas de coordinación (los comités coordinadores de los sistemas estatales) serán mucho menos independientes y seguramente estarán a las órdenes del gobernador en turno"
«Alejandro Legorreta»
¿Y CÓMO FUNCIONA EL SNA?
El SNA está compuesto por los integrantes del Comité Coordinador, que son los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), un representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, aún pendiente.
Dentro del Comité Coordinador se creó la figura de la Secretaría Ejecutiva, que tiene como propósito ser un órgano de apoyo técnico y dar seguimiento a la implementación de lo propuesto por el Comité Coordinador.
La Secretaría Ejecutiva ya cuenta con el recurso para operar lo que resta del año y también tiene instalaciones, ya que ocupa una parte del edificio que fue sede principal de la Auditoría Superior de la Federación, en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México.
El SNA también cuenta con el Comité de Participación Ciudadana, conformado por cinco ciudadanos, entre ellos un representante del Comité Coordinador, que en este momento encabeza Jacqueline Peschard.
Otro elemento es el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, compuesto por la Auditoría, la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en los estados.
Y, finalmente, como cuarto elemento están los sistemas locales de los 32 estados de la República, que contarán con una integración y atribuciones equivalentes al sistema nacional.
"No se ha creado una nueva instancia para perseguir los delitos o las faltas administrativas, (sino que) se está activando y dando mayores facultades a aquellas instancias que ya tenían una responsabilidad en esta materia"
«Jacqueline Peschard»
Lo que quiere el SNA, a través del mandato constitucional y legal, es que las piezas estén coordinadas. Una institución investiga, otra audita, y otra finalmente sanciona.
“Si el auditor dice: ‘Encontré estas faltas y hago denuncias ante la PGR’, (queremos) que se asegure que haya continuidad de lo que hace la Auditoría con lo que hará la Fiscalía Especial Anticorrupción”, detalló Peschard, quien preside el Comité Coordinador.
Y es que, de acuerdo con Juan Manuel Pérez de Acha, miembro del Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría año con año determina irregularidades en el uso de recursos federalizados por parte de los estados. Sin embargo, de las denuncias que se presentan a la PGR por ese motivo muy pocas han prosperado.
Un reporte de la ASF revela que de entre 1998 a 2014, la Auditoría presentó 700 denuncias penales por posibles actos de corrupción y solo 25 fueron consignadas. Es decir, solo el 3.5% tiene alguna consecuencia.
"De poco sirve que se fiscalice si no se actúa en contra de los gobernadores o quien corresponda"
«Juan Manuel Pérez de Acha»
¿Y entonces qué cambia? El director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, Max Kaiser, resumió en una palabra lo que, para él, debe caracterizar a este sistema.
“La palabra clave va a ser coordinación. A partir de hoy trabajan, para hacer sus funciones normales, pero también trabajan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción”.
LOS COSTOS DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
A partir de este sistema se crea la Secretaría Ejecutiva nacional y los 32 sistemas locales.
La nueva Secretaría Ejecutiva tendrá 117 plazas y en los estados se repetirá el sistema con un secretariado ejecutivo local que también tendrá plazas nuevas.
En el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 se dio a conocer que se operará con un recurso de 214 millones 378 mil pesos, divididos por conceptos de remuneraciones, materiales y servicios generales.
En 2018 el monto es de 222 millones 385 mil pesos solo para la Secretaría Ejecutiva, el brazo operativo del Comité Coordinador.
"Es un número discreto para un país de casi 120 millones de habitantes y casi 8 mil instituciones públicas"
«Francisco Javier Acuña»
Sigue pendiente, además de las designaciones mencionadas, el armado administrativo de los órganos que se crearon.
El SNA también tiene pendiente el armado administrativo de los órganos que se crearon.
“Una clave es quiénes son las personas que van a encabezar esos sistemas. Puedes tener muy buenas leyes, pero si pones al compadre del gobernador o pones a un expriista encargado del Tribunal de Justicia Administrativa, como es el caso ahora, los diseños institucionales te sirven de poco”, comenta en entrevista Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES
Alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil relanzaron la iniciativa #VamosPorMás, con el actor Diego Luna como vocero.
El 17 de julio de este año exhortaron la existencia de una fiscalía general independiente, reformar, por ejemplo, las leyes de Adquisiciones y Obra Pública y las relativas a las finanzas de los partidos, así como revisar la figura del fuero para funcionarios, legisladores y gobernadores.
Otra propuesta de las ONG que han impulsado cambios en la lucha anticorrupción es hacer reformas a la elaboración del gasto público.
“En muchas ocasiones la corrupción proviene desde el propio diseño del presupuesto”, comenta Rodrigo Bolaños, investigador en Ethos, laboratorio de políticas públicas.
Para tener un sistema nacional más integral Ethos también propone modificar el financiamiento de las campañas políticas.
"En muchas ocasiones ciertas personas o empresas apoyan a candidatos para que a cambio de que ganen les den contratos"
«Rodrigo Bolaños»
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad o México Evalúa, entre otras, se han dedicado a investigar actos de corrupción que han generado presión a la clase política.
¿EL SNA DEJA DUDAS?
El 3 de julio el Comité Coordinador rechazó una petición del Comité de Participación Ciudadana para hacer un exhorto en el tema del presunto espionaje a periodistas y activistas por parte del Gobierno federal, publicado en el diario estadounidense The New York Times.
“En el tema de Pegasus, no es claro que haya una relación causal entre actos de corrupción y el uso de la herramienta, y jurídicamente no era viable emitir el exhorto no por el fondo del asunto sino por la manera en que se formuló. No se supo comunicar adecuadamente”, explicó Dante Preisser Rentería, titular de la Unidad de Vinculación con el SNA de la Secretaría de la Función Pública.
Para algunos ciudadanos eso pudo haber generado suspicacias.
"Si el SNA no logra acercarse a la ciudadanía y ganarse su confianza, pronto se convertirá en una nueva burocracia frívola y carente de credibilidad en ojos de la ciudadanía"
«Alejandro Legorreta»
El presidente de Opciona, Alejandro Legorreta, añadió que la ventaja del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el modelo del "Zar Anticorrupción", propuesto inicialmente por el presidente Enrique Peña Nieto, es que aquél asigna responsabilidades concretas a las principales instituciones que tienen como parte de sus funciones la prevención, investigación o sanción de la corrupción.
"En este sentido, el SNA es una apuesta al fortalecimiento institucional y a la idea de que si una institución falla o se rezaga en su trabajo hay otras seis o siete que estarán funcionando y asegurándose de que el sistema siga adelante", comentó Legorreta González.
En 2016, México ocupó la posición 123 de 176 países evaluados en el índice de Transparencia Internacional, por debajo de países como Pakistán, Tanzania, Vietnam o Mongolia. Y los escándalos de corrupción siguen y siguen saliendo a la luz.
Uno de los miembros del Comité Coordinador, Francisco Javier Acuña, lo sabe.
“Se pueden conocer estos detalles ominosos, verdaderamente insoportables, este cinismo de gobernadores que tienen una cantidad de cuentas pendientes y que por consecuencia (sabemos que) no funcionaron los mecanismos formalmente vigentes que había hasta hace poco. Por eso la necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción”.
