El próximo viernes 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos para 2024.
De acuerdo con los indicios que existen, va a pasar prácticamente sin cambios, como se dice en el argot parlamentario, “sin cambiarle ni una coma” y será turnada a la Cámara de Senadores, la cual tiene hasta el 31 de este mes para aprobarla.
¿Cuáles serán las implicaciones que tendrá este último Paquete Económico del sexenio?
El aspecto más polémico es que implica una política fiscal expansiva.
Por primera vez en el sexenio, hay un incremento significativo del déficit público, que en su definición más amplia, requerimientos financieros del sector público, se prevé en el equivalente al 5.4 por ciento del PIB.
Para ponderar la dimensión, basta señalar que aun con la medición ponderada del déficit (como porcentaje del PIB) habría un incremento de 38 por ciento respecto al nivel del año pasado.
Y el aumento es de 69 por ciento respecto al nivel promedio de los primeros cinco años de esta administración.
Las minutas del Banxico revelaron que en la Junta de Gobierno del banco central se ha evaluado el hecho de que una política fiscal expansiva podría conducir a que la inflación permaneciera elevada por más tiempo que el previsto anteriormente.
Sin embargo, al observar la trayectoria del gasto público se observa que el crecimiento del gasto programable para 2024 es apenas de 4 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado el año pasado, lo que no pareciera ser un incremento especialmente expansivo.
Este contraste se explica por un lado, en el hecho de que los ingresos presupuestales previstos para el próximo año se estiman en un monto inferior en términos reales en 1.8 por ciento respecto a los aprobados para este año.
Otro de los factores relevantes es que el costo financiero se estima que será superior en 11.8 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado para el 2023.
¿Hay elementos para no modificar los montos que están establecidos en los ingresos?
Creo que hay uno que sí podría ajustarse hacia arriba: se trata del precio promedio del barril de crudo.
La estimación se ubica en 56.7 dólares por barril, cifra que se calcula de acuerdo con la metodología que la propia ley establece.
Desde que la propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, ya hay un entorno internacional diferente debido al conflicto que estalló en el Medio Oriente.
Me parece que habría margen para ajustar esa previsión, lo que podría significar una reducción del déficit previsto.
Veremos si los diputados hacen el ajuste, o bien dejan un “colchón” de ingresos derivado de la posibilidad de que surjan excedentes respecto a lo presupuestado.
Como en cada discusión en el Congreso, desde el año 2018, tendremos exclusivamente un debate político.
La razón es que se trata de una Ley, lo mismo que el Presupuesto, que solo requiere mayoría simple para ser aprobada.
La oposición podrá presentar cuantos argumentos quiera y poner las reservas que se le ocurran, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para sacar adelante la propuesta.
Incluso, respecto al tema de la Ley de Ingresos, sería difícil que prosperara una acción de inconstitucionalidad relacionada, por ejemplo, con el tema de la deuda pública.
La redacción del artículo 73 de la Constitución habla de “la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, pero también de regulación monetaria, refinanciamiento o reestructuras de deuda.
En suma, me parece que tendremos el debate político de todos los años, desde que hay mayoría absoluta de Morena en las dos cámaras del Congreso, al final de cuentas, la Ley de Ingresos habrá de aprobarse el próximo viernes sin mayores cambios.
Ya lo veremos.
