Ese primer dato, que el Presidente tuvo claro desde entonces que debía hacer algo para pensionados con Afore que seguirían con tasas de reemplazo de 30 por ciento, habla de que la iniciativa para modificar la ley de pensiones tiene un trasfondo más allá de lo electoral, cosa que algunos escatiman.
Y esa iniciativa es sólo una del ambicioso paquete que el mandatario presentará el 5 de febrero, leyes que en conjunto pondrán a hablar a las y los mexicanos de temas de mucho más que las Afores o desaparición de órganos autónomos. Buscará ampliar derechos de los animales, por ejemplo.
De forma que López Obrador no sólo pretende dominar la conversación en tiempos electorales con un paquete que se le indigestará a la oposición, que quedará atrapada entre las virtudes de los propósitos de varias de esas iniciativas y el deseo de impedirle a AMLO cualquier triunfo legislativo.
Andrés Manuel buscará genuinamente la aprobación de ese paquete. Y si llegara a fracasar en el inminente periodo ordinario, y como lo ha dicho en público, apostará a que su sucesora Claudia Sheinbaum, cuyo triunfo él cree inevitable, lo retome.
En el meollo del tema de pensiones, el debate que ha surgido tras el anuncio del Presidente sobre esa reforma debe reparar en el interés genuino del tabasqueño de copetear las jubilaciones de los que menos recibirían si se retiran pronto. Sin duda un asunto de elemental justicia social.
Dentro del diseño de la propuesta, que busca ser progresiva –apoyar más a los que más lejos estén del salario promedio mensual del IMSS (alrededor de 15 mil pesos)– se tomarán en cuenta los 3 mil pesos de la pensión universal.
De esta forma, buscarán fondos para que si alguien se jubila con menos del promedio salarial registrado en el Seguro Social, y una vez que acceda a la pensión de Bienestar, obtenga 100 por ciento de lo que recibe hoy en su empleo.
Reducir el tema de estas reformas a un ardid propagandístico representaría una vez más subestimar a Andrés Manuel. Sin duda explotará electoralmente el nuevo andamiaje que propondrá en el simbólico día del aniversario de la Constitución, pero realmente pretende un auténtico cerrojazo de sexenio.
La defensa de los órganos autónomos y reguladores, sin duda el aspecto más polémico y riesgoso, democráticamente hablando, de lo que hasta ahora ha adelantado López Obrador como medio para financiar la reforma de pensiones, no alcanzará como argumento para negarse a entrarle al tema.
Fiel a su estilo, el tabasqueño tendrá en la mañanera el tono vehemente para el gran público, pero cuando se conozca el paquete de reformas quedará claro que lleva meses revisando estos temas, y que incluso por la moderada redacción que pretende en las iniciativas se elevaría el costo si la oposición no las analiza detenidamente.
A ocho meses de que acabe su sexenio, Andrés Manuel anunciará una reformulación que daría más poder al Poder Ejecutivo, una que además abrirá una discusión sobre la forma en que muchas y muchos mexicanos se definen y gobiernan.
En 2024 habrá ruido electoral, pero también porque el Presidente no se resigna a terminar su periodo sin un último gran paquete de reformas, un cerrojazo que va mucho más allá de las pensiones.
