Porque el supuesto quebranto al erario es de 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos
A las 17:01 horas de este jueves 4 de enero arrancó en el penal de Neza-Bordo la audiencia del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, donde se le leyeron los cargos en su contra, aunque en esta ocasión se le dictó todo lo relativo a lavado de dinero, delito federal que se le imputa y por el cual no emitió declaración alguna.
La Procuraduría General de la República lo considera presunto responsable de “idear y ejecutar un plan" para enajenar y vender las propiedades del estado a su círculo cercano de familiares y amigos, por un precio hasta 80% inferior a su valor comercial.
Por estos hechos, Roberto Borge habría ocasionado un quebrando al patrimonio del estado por 900 millones 99 mil 417 pesos.
En entrevista con El Financiero, Miguel Ángel Pech, fiscal general del estado de Quintana Roo, indicó que existen tres carpetas de investigación contra Borge por peculado, desempeño irregular de la función publica y aprovechamiento ilícito de poder.
“Si sumamos estas tres carpetas hay un quebranto hacia el estado de 3 mil 124 millones 823 mil 279 pesos”, indicó el funcionario.
Para la ejecución del mencionado delito, Borge Angulo nombró a Claudia Romanillo Villanueva y a Soraya Guadalupe Manzanillo para que participaran en la venta de los terrenos a través de empresas fantasma y en beneficio de familiares y amigos del exgobernador, entre ellos su propia madre, María Yolanda Angulo.
Los 22 predios de los que se habla en la causa van de los 500 metros cuadrados hasta los 20 millones de metros cuadrados y están ubicados en municipios del estado como Cancún, Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum, Akumal y Majahual, entre otros.
LLEGADA A MÉXICO
El exfuncionario arribó alrededor de las 2 de la tarde de este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, concluyendo así el proceso de extradición.
Borge está acusado de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado; sin embargo, estos delitos, según el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se consideran graves y no requieren prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmandatario podría enfrentar su proceso en libertad.
Ante esto, la única opción que tiene la PGR es argumentar que se determine como medida cautelar la prisión preventiva porque existe riesgo de fuga.
Por estas imputaciones Borge tramitó un amparo y obtuvo una suspensión, pero debe pagar 85 millones de pesos de garantía para que ésta surta efecto y no sea detenido. Sin embargo, a la fecha no ha cubierto el monto.
Una vez que se concluya la parte procesal inicial por el citado delito federal, el exgobernador será notificado también de las órdenes de aprehensión en su contra por delitos del fuero común.
El juez federal determinará si autoriza el traslado de Borge a Quintana Roo, si las audiencias son por videoconferencia, o si la autoridad de la entidad se traslada al lugar donde quede internado el exmandatario para realizar esas audiencias.
La Fiscalía del estado anunció que podría ampliar el número de ilícitos a Borge, pues advirtió que “no está restringido el derecho de esta representación social para ampliar a más delitos”.
Cabe recordar que Borge Angulo fue detenido el 4 de junio pasado en el Aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a París, Francia.
En Panamá, Borge enfrentó un proceso de extradición a México que se agotó en diciembre pasado cuando la Corte Suprema de aquel país resolvió a favor de la entrega del mexicano al no hallar evidencia de violación al proceso en su contra.
