Tras una audiencia de siete horas, no se pudo formular la imputación contra ninguno de los diez ex servidores públicos por la caída de la Línea 12 del Metro, luego que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no entregó copias de la carpeta de investigación a la defensa de las víctimas, de acuerdo con Milenio.
Ante ello, la audiencia por homicidio, lesiones y daños a la propiedad se tuvo que aplazar para el próximo 3 de diciembre.
Cristopher Estupiñan, abogado de 14 de las 66 víctimas citadas a la audiencia inicial, acusó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pretende pactar “tras bambalinas” con la empresa Carso sin llamar a las víctimas del colapso sucedido el 3 de mayo pasado, que dejó un saldo de 26 fallecidos y 98 lesionados.
Por ello, Estupiñan Martínez señaló que presentará un amparo para solicitar que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que la investigación de la fiscalía no esta siendo imparcial.
Además, indicó que se exigirá la imposición de una multa por 24,500 millones de pesos a las empresas que participaron en la construcción de la línea del Metro; así como la imposibilidad para que participen en obras públicas.
Buscamos:
— Cristopher Estupinan (@c_estupinanm) October 25, 2021
✔️Sanción de $24mil millones y no participación en obra pública
✔️Concepto por daños punitivos
✔️Sanción ejemplar que genere consecuencias en toda industria de obra pública. Que una desgracia como la de #Linea12 del #metro #CDMX no se repita.#BuscaremosJusticiaL12 pic.twitter.com/KWjQAjDFyT
En tanto, de los diez acusados, el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y el ex director de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, no asistieron a la audiencia, debido a un posible caso de COVID-19 y que no fue notificado de la comparecencia, respectivamente.
En días pasados, Gabriel Regino, defensa de cinco de los 10 señalados, acusó al gobierno de la Ciudad de México de estar utilizando este caso con fines políticos. Y es que recordó que los tres citados delitos son considerados en el Código Penal en los que se permite la mediación para garantizar la reparación integral del daño a cambio de no procesar penalmente al imputado.
