El Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez sigue en la polémica, tras violar las normas de construcción de colonias de alta plusvalía de la CDMX y realizar actividades ilegales relacionadas con bienes raíces y beneficiar a constructoras y notarías.
Por ello, el jueves 4 de agosto fue vinculado a proceso Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez, señalado como uno de los líderes de la organización que otorgó permisos sin control para la construcción de departamentos.
¿Dónde se ubican los 41 inmuebles que hasta el momento han sido identificados por sus irregularidades? Aquí te lo contamos.
Desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a un grupo de personas que durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la capital del país, habría realizado actividades ilícitas relacionadas con los bienes raíces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se habían identificado 174 polígonos que estaban siendo investigados por posibles irregularidades.
De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los Polígonos de Actuación son la superficie delimitada del suelo integrada por uno o más predios, a solicitud de la Administración Pública o de particulares, para realizar proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo.
Sin embargo, del total de las zonas ubicadas, hasta ahora han sido cateados 41 predios involucrados con el Cartel Inmobiliario de Benito Juárez, en los que se investiga a ocho empresas constructoras, de las que el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, Nicias René Aridjis Vázquez es socio o propietario
Dicho funcionario solicitó un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía agregó que de 2006 a 2018, cuando Aridjis Vázquez estuvo al frente de dicha dirección en Benito Juárez durante los gobiernos de Mario Alberto Palacios, Jorge Romero y Christian Von Roehrich, otorgó manifestaciones de construcción de obra y dictámenes para obra nueva, además de cambios de alineamiento y número oficial para tramitar la transferencia de potencialidades y elevar el número de pisos en edificios, en contraprestación, el funcionario "no pedía dinero a los desarrolladores sino que se quedaba con departamentos".
El vocero de la FGJ, Ulises Lara López, indicó que Aridjis Vázquez evitaba bancarizar el dinero para no correr el riesgo de ser perseguido, por lo que una vez que le eran entregados los departamentos, los rentaba, "lo cual no es menor, porque la mayoría de los inmuebles se ubican en zonas de alta plusvalía”, tal es el caso de las colonias Nápoles, Del Valle, Narvarte, Nochebuena y Letrán Valle, en Benito Juárez. También se tiene uno en la colonia Guadalupe Inn, en Álvaro Obregón; y uno más en el Estado de México, con lo que suman ya 42 cateados.
La dependencia dijo que de acuerdo con fuentes abiertas, tan solo en 2017, en la alcaldía Benito Juárez se entregaron 412 manifestaciones de construcción, de ellas, 378 fueron para obras nuevas.
En 2018 la alcaldía reportó que se entregaron 274 manifestaciones de construcción. Sin embargo, medios periodísticos han reportado que al momento de revisar folio por folio, se advirtió que la información proporcionada no era secuencial y que en total faltaron 282 manifestaciones. Además, algunos de estos folios se repetían con distintas direcciones.
Las investigaciones detallaron que Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez que actualmente se encuentra detenido, autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017, particularmente el ubicado en la avenida Emiliano Zapata tras considerar que cumplía con todas las disposiciones legales. El edificio colapsó, tras el sismo del 19S, nueve meses después de haber sido inaugurado. En el lugar murieron dos mujeres.
Además, indicó que uno de los 42 inmuebles “aparentemente relacionados con el llamado Cártel Inmobiliario de Benito Juárez es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México”. Esto, en referencia Christian von Roehrich de la Isla, quien fue jefe delegacional en Benito Juárez de 2015 a 2018.
El jueves 4 de agosto, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en Huixquilucan, Estado de México, posiblemente relacionado con el Cártel Inmobiliario.
Lara López añadió que esperan ejecutar más diligencias en la entidad mexiquense, toda vez que han entablado la comunicación con la Fiscalía de Justicia del Estado de México para el trabajo interinstitucional.
"Se tienen previstas algunas diligencias en otros inmuebles que pudieran estar relacionados con las personas investigadas, particularmente en el Estado de México, con cuyas autoridades hemos entablado comunicación para la colaboración respectiva. En estos momentos se ejecuta el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Huxquilucan", dijo el vocero en conferencia de prensa.
La presunta organización criminal habría autorizado, de 2017 a 2021, más de mil obras de construcción en condiciones irregulares.
En entrevista con Óscar Mario Beteta para Radio Fórmula, Lara López indicó que a partir de una investigación tras una fuga de gas en un edificio de Avenida Coyoacán, que generó una explosión el 16 de agosto de 2021, fue que se encontraron ilegalidades en las condiciones y el dominio de propiedad de la obra.
El funcionario capitalino señaló que Aridjis Vázquez y Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico y de gobierno de la demarcación avalaron dichas construcciones.
Informó que ambos se encargaban de cobrar cantidades importantes para los otorgamientos de los permisos para que se elevaran 10 o más niveles los edificios en la zona, donde el exdirector general de la delegación contaba con dos departamentos con valores superiores a los 2 millones de pesos.
El vocero de la dependencia aseguró que “ellos hicieron todos los otorgamientos y por ello, se les catearon un gran número de viviendas. Las empresas más los bienes andan por encima de los 400 millones de pesos”, agregó.
Insistió que desde 2005 existe un programa en la alcaldía Benito Juárez que rige y define las alturas de los edificios y el uso de suelo, que no fue contemplado para los otorgamientos de permisos de construcción por parte de estos funcionarios.
“Lo que se puede ver es toda una corrupción de servidores públicos para obtener beneficios privados de los ciudadanos”, apuntó Lara López.
Ulises Lara refirió que Aridjis y Vizcaíno aprovecharon sus encargos dentro de la administración pública para generarse dinero de forma independiente a su sueldo.
"Estamos investigando no solo a las empresas, también a otros servidores públicos que eventualmente podrían estar enterados de los hechos y no actuaron, otros que podrían estar vinculados incluso en la operación directa de los mismos”, añadió.
La investigación por enriquecimiento ilícito, expuso el vocero de la Fiscalía capitalina, continuará hasta que aparezcan todos los actores implicados, ya sean desarrolladoras inmobiliarias o funcionarios.
"Vamos a ir a fondo en todos los asuntos. Esto creo que va a llegar a muchos lados”, concluyó.
