¿Se les borró la sonrisa?
Luego de que el negocio de rentar habitaciones y casas vía aplicación haya crecido exponencialmente en todo el mundo, miles de ciudadanos alzaron la voz y denunciaron que esto provocó el desalojo masivo de personas que rentaban viviendas para vivir con sus familias, ya que los dueños de estos lugares decidían desalojarlos para, mejor, cobrar más caro, por ejemplo, en la aplicación Airbnb.
Es por esto que este jueves, con 49 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones por parte de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a las leyes de Turismo, Vivienda y Reconstrucción. Estas modificaciones prohíben renovar el registro a propiedades de alojamiento temporal que, a través de aplicaciones, hayan sido ocupadas más del 50% de las noches en un año. Las propiedades afectadas podrán solicitar registro nuevamente un año después de la negativa.
El dictamen incluye un nuevo párrafo en el artículo 61 de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, la adición del artículo 36 Bis a la Ley de Vivienda y una modificación al artículo 22 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. El objetivo es equilibrar la competencia entre alojamientos turísticos de corto plazo y los hoteles tradicionales.
Asimismo, se establece que las viviendas pertenecientes a programas de carácter popular, social, en régimen de arrendamiento o de reconstrucción, no podrán destinarse a esquemas de estancia turística temporal, garantizando así su uso adecuado y seguridad jurídica.
El diputado de Morena Emilio Guijosa, presidente de la Comisión de Vivienda, defendió la propuesta, argumentando que se busca crear condiciones justas entre los alojamientos turísticos ofrecidos por plataformas digitales y los hoteles, imponiendo restricciones que permitan una competencia equitativa. “Apoyo este dictamen porque equilibra el turismo y protege los derechos ciudadanos, sin vulnerar la propiedad privada ni afectar los contratos de arrendamiento. Será beneficioso para nuestra ciudad”, aseguró.
Por su parte, el diputado panista Diego Garrido criticó las reformas, señalando que el gobierno no debería decidir sobre el uso de propiedades privadas para rentas. “Hoy regulan los inmuebles, mañana lo harán con otros bienes privados, como vehículos o incluso cuentas bancarias”, advirtió.
