En México, la ocupación ilegal de propiedades ha generado numerosos conflictos, algunos con desenlaces trágicos. Dos términos comunes en este fenómeno son los ‘okupas’ y los ‘paracaidistas’.
Mientras los primeros suelen ser personas o colectivos que irrumpen en inmuebles abandonados para habitarlos sin permiso del propietario, los segundos se caracterizan por invadir terrenos desocupados, a menudo con el objetivo de asentarse o lucrar con su venta.
Los ‘okupas’ suelen justificar su actuar con argumentos de vivienda digna, según las últimas manifestaciones que han realizado en distintas partes del mundo, como en España, y reutilización de espacios abandonados.
En algunas ciudades, estos grupos han generado movimientos organizados que buscan regularizar su situación. Sin embargo, la falta de marcos legales claros ha llevado a enfrentamientos con propietarios legítimos y autoridades. En la Ciudad de México, algunos inmuebles han permanecido ocupados por años, mientras los dueños enfrentan largos procesos legales para recuperarlos.
Por otro lado, los ‘paracaidistas’ son grupos o individuos que invaden terrenos, muchas veces con la complicidad de organizaciones delictivas.
En ocasiones, los predios son revendidos ilegalmente a terceros, generando un mercado negro de terrenos irregulares. En estados como el Estado de México, Puebla y Jalisco, las autoridades han desalojado asentamientos completos formados por paracaidistas, en algunos casos con fuerte resistencia por parte de los invasores.
Un caso reciente que ilustra la gravedad de estas disputas ocurrió en Chalco, Edomex. Carlota ‘N’, una mujer de 74 años, intentó desalojar por cuenta propia a quienes consideraba invasores de su propiedad.
Acompañada de dos de sus hijos y armada, la mujer irrumpió en una vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, lo que derivó en una discusión y posteriormente en un ataque armado que dejó un saldo de dos personas muertas y un menor herido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en conjunto con fuerzas de seguridad estatales y municipales, detuvo a Carlota ‘N y sus acompañantes el pasado 2 de abril.
Este caso refleja los riesgos de la falta de acción de las autoridades ante la ocupación ilegal de inmuebles. Mientras los propietarios legítimos enfrentan procesos burocráticos prolongados para recuperar sus bienes, algunos optan por medidas extremas que derivan en tragedias. La necesidad de políticas públicas eficaces y un marco legal más ágil sigue siendo un desafío para evitar que estos conflictos terminen en violencia.
