El 6 de septiembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad un amparo del Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) para anular los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto.
Con esta decisión, la interrupción del embarazo de manera voluntaria quedó despenalizada por vía judicial a nivel nacional y ninguna mujer o persona gestante podrá ser sancionada por ejercer este derecho sobre su cuerpo. Esto también significa un camino a las maternidades totalmente deseadas.
Pero el camino no ha sido fácil, pues desde el 2007, a la fecha los avances han sido tardados pero muy significativos. De acuerdo con Leticia Bonifaz, quién es experta independiente del Comité Cedaw de Naciones Unidas, cuando en México se comenzó a pugnar por este derecho, hubo mucho temor, principalmente respecto a los gobiernos locales, pero con una reforma en 2011 se detonaron los cambios.
"Desde el 2007 que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas, vinieron algunas contrarreformas y no la resolución de la Corte (...) del 2007 al 2021 es muchísimo tiempo el que pasó y también se tardó mucho en que otros estados hayan seguido a la Ciudad de México el que siguió fue Oaxaca pero no fue que después del 2007, tuvieron que pasar pues muchos años, desafortunadamente"
Bonifaz señala que una de las razones es que no había las condiciones para proteger a las mujeres en este ámbito: "porque había todavía mucho temor en el tema por parte de los gobiernos locales, pero yo creo que lo que detona y da la posibilidad de los cambios es la Reforma Constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos, que da posibilidades de interpretar de manera distinta a los derechos y de dar mayor peso a las convenciones internacionales para eliminar toda la zona de discriminación contra la mujer".
Hoy, el reciente fallo de la Suprema Corte busca beneficiar a todas las mujeres, en un contexto donde 22 estados aún consideran en sus códigos penales el aborto voluntario como un delito o bien, protegen en sus constituciones locales la vida desde la concepción, lo que quiere decir que no hay una armonización que blinde de manera legal y completa a las mujeres.
Hasta ahora los estados que han modificado sus leyes locales son Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo.
En tanto, antes del 6 de septiembre, la Corte ya había emitido un fallo a favor del derecho a decidir de las mujeres de Coahuila y Aguascalientes.
Pero hay mucha tela de donde cortar. Pese a la criminalización del aborto voluntario, desde antes de las reformas que hoy lo respaldan, existían las 'causales de aborto', bajo las cuales las mujeres han podido solicitar una interrupción del embarazo, como ser víctimas de una violación, si es espontáneo, si hay riesgo de muerte de la madre o bien, cuando el feto tiene una alteración genética.
Por otro lado, también algunas entidades consideran causales que el embarazo halla sido producto de una inseminación no consentida y en dos entidades si la situación económica es un impedimento.
Aunque nada es garantía, por ejemplo en 2015, Dafne, de sólo 28 años fue llevada a prisión en Querétaro, tras tener un aborto espontáneo en el baño de su trabajo: una tienda departamental Liverpool.
"La decisión la debe tomar la mujer porque es ella la que tiene un proyecto de vida y sabe cuales serían las consecuencias de una maternidad no deseada", así lo destaca Leticia Bonifaz, al recalcar que las personas no deberían opinar sobre las decisiones de las mujeres.
Resalta el trabajo del grupo Católicas por el Derecho a Decidir quiénes han impulsado que sean las mujeres las que tomen el control de sus cuerpos, tengan la libertad de hacerlo que no sean juzgadas por abortar.
"Nadie va a obligar a nadie a abortar, lo único es que la ley debe dejar la posibilidad de que una mujer interrumpa su embarazo hasta cierto límite, que son las 12 semanas y en ese periodo ella es la que toma la decisión, si no la toma ella ninguna otra persona tiene derecho a opinar porque nadie más se va a hacer cargo del nuevo ser después de que nazca". afirma.
Amigas historiadoras @gabcano A quienes reconocen? Yo veo a Eulalia Guzmán y a Amalia Castillo Ledón pic.twitter.com/jWmEjUuyMQ
— Leticia Bonifaz (@leticia_bonifaz) September 25, 2023
Aunque en lo legal existe un avance, aún falta que se promueva una despenalización social del aborto voluntario ¿Esto qué quiere decir? Que las sociedades no busquen juzgar los cuerpos de las mujeres ni querer imponer maternidades que no son suyas, tampoco que se considere un 'pecado' la elección voluntaria de interrumpir un embarazo.
Al respecto, Aidé García Hernández, codirectora de Católicas por el Derecho a Decidir México, una organización internacional que desde una perspectiva católica y feminista, pugna por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, explica que a la fecha, lo que impide a muchas mujeres decidir sobre su cuerpo tiene que ver con motivos religiosos.
"De alguna manera siempre se le ha obstaculizando a las mujeres el ejercicio libre de sus derechos sexuales y reproductivos, sobre todo el tema de las maternidades deseadas", indica.
En este sentido hay una gran emoción a vencer, señala Aidé: la culpa, que se que ha usado como argumento para intentar influir en las decisiones de las mujeres y por ende, violentarlas.
"Una de las cosas que me parecen muy importante es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tengan respaldo (...) en su la historia de la Iglesia Católica se ha criminalizado el derecho a decidir", dice.
Por lo anterior, la activista apunta a que el reto del Estado hoy no está sólo en lo legal, sino en el desarrollo de políticas públicas en favor de la salud reproductiva de las mujeres, así como de realizar campañas que promuevan en lo social el derecho a decidir y logren cambiar el 'chip' hacia afuera.
A los prejuicios e incluso la negativa de los órganos de justicia para respaldar el derecho a interrumpir un embarazo, se suma que las mujeres pueden llegar a sufrir violencia médica.
Por ello, debe haber una sensibilización entre el personal médico, incluso desde su formación, considera Alfonso Carrera Riva Palacio, Director médico en Marie Stopes México, una Organización No Gubernamental que provee servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos la Interrupción Legal del Embarazo.
"Es importante considerar que lo que tenemos que revisar es el estigma social del aborto que se usa para controlar a las mujeres, los médicos tenemos que hacer una revisión ética, no moral (...) Si los hombres nos embarazáramos no estaríamos discutiendo esto", dice.
Además, el especialista resalta la importancia de abordar el aborto como un tema de salud pública, donde la objeción de conciencia, por la que médicos se pueden negar a realizar el procedimiento, debe replantearse, pues el bienestar de las pacientes es médicamente la prioridad.
"Para que algo sea un tema de salud pública debe ser de magnitud y trascendencia, el aborto lo es, en el mundo hay millones de procedimientos inseguros. En México ocurren un millón de abortos por año", explica.
Por otro lado, para el doctor Alfonso es importante que desmitifiquen los prejuicios en torno a la practica médica de la interrupción del embarazo, pues es en realidad se trata de un procedimiento seguro, en el que las vidas se salvan.
"El pronóstico para cualquier tipo de aborto inducido es bueno, es 14 veces más seguro que tener un parto normal", indica.
En este sentido, Carrera señala que los procedimientos de aborto en casa no son inseguros si se realizan hasta la semana 12 de gestación y por ello, no deben ser estigmatizados. Incluso, dice, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido un manual en el que se explica el uso correcto de la mifepristona y el misoprostol.
"Nuestra misión es hijos por elección y no por azar, y la visión es que cada nacimiento en México sea deseado", sentencia.
Por su parte, Leticia Bonifaz, opina que el gran faltante para las mujeres en México es que se regulen las leyes en materia de salud para que exista un acceso de calidad y que no revictimice a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.