La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una de las mayores tragedias de derechos humanos en México, cumple este domingo siete años con solo tres de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hace casi tres años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a responsables de la administración pasada que dieron carpetazo al caso con un falso relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos.
Sin embargo, el hartazgo comienza a aflorar entre las familias, que dieron un voto de confianza a la Comisión de la Verdad creada por López Obrador, pero que sienten que la Fiscalía General de la República y el Ejército ponen trabas al proceso.
Además, llegan a este séptimo aniversario sin nuevos hallazgos y tocados por la reciente muerte por COVID-19 de dos padres de familia que ya nunca sabrán el paradero de sus hijos.
TRES RESTOS IDENTIFICADOS
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala, Guerrero, y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El actual Gobierno derrumbó definitivamente la versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
“Es un avance muy relevante la identificación de un resto óseo de otro de los muchachos, pero para las familias sabe a muy poco porque la expectativa era otra: esperan que se esclarezcan los hechos”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro ProDh, ONG que acompaña a las familias.
La Comisión de la Verdad, dirigida por Alejandro Encinas, da por hecho que los estudiantes nunca estuvieron juntos en un mismo lugar y que en la desaparición participaron criminales y fuerzas de seguridad de todos los niveles, no solo policías municipales.
Hace un año, en el sexto aniversario de la tragedia, el presidente anunció que por primera vez había órdenes de captura contra militares por el caso y poco después fue arrestado el capitán José Martínez Crespo.
Pero en varios actos de protesta de esta semana, las familias han denunciado que, si bien valoran los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y del fiscal especializado, Omar Gómez, la Fiscalía General procrastina las detenciones y el Ejército esconde información.
De las 89 órdenes de captura por el caso Ayotzinapa, todavía siguen pendientes 40. Además, al menos 21 personas vinculadas han muerto o han sido asesinadas, lo que dificulta cada vez más el acceso a la verdad.
Durante una reunión el viernes entre el Gobierno y las familias, López Obrador anunció que mandó una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para que acelere la entrega de Tomás Zerón, que huyó a ese país con el que México no tiene tratado de extradición.
El que fuera director de la ya extinta Agencia de Investigación Criminal está acusado de construir la “verdad histórica” con la fabricación de pruebas y la tortura de sospechosos y testigos.
De hecho, la fiscalía especializada ha recabado 40 videos de torturas durante las pesquisas.
La violación de derechos de los presos provocó además que jueces liberaran a algunos de los implicados en la desaparición.
Zerón no es el único investigado, puesto que hay órdenes de captura contra responsables de la anterior Administración, pero sí es el de mayor rango.
“No se investiga todavía con seriedad la posible responsabilidad de altos funcionarios del anterior Gobierno”, apuntó Aguirre.
En la mira de las familias estarían el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong e incluso el mismo presidente Peña Nieto.
El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que atraviesa una severa crisis con más de 90,000 personas desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 2007, año del inicio de la guerra contra el narcotráfico.
