Un tribunal federal dictó la primera orden definitiva e inapelable para vacunar a una menor de 18 años contra COVID-19, por lo que dio 24 horas a las autoridades para inocular a la joven de 16 años.
“La menor quejosa es titular del derecho a la salud, y por consiguiente a la vida, que en el caso y contexto pandémico se traduce en su derecho a que se le garantice la aplicación de la vacuna”, dijo el Cuarto Tribunal Colegiado.
En una sentencia publicada en los estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación agregó que el Estado debe asegurar la salud de la menor ya que es “el máximo garante de la salud pública”.
Dijo que, con motivo de la reanudación de clases presenciales en el contexto pandémico, consistente en una nueva variante del coronavirus, existe mayor peligro de contagio y la inminente exposición directa al virus.
La beneficiada es una joven que originalmente tramitó un amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, que le negó a la menor la suspensión solicitada.
La joven, representada en el juicio por su padre, promovió una queja que el Cuarto Tribunal Colegiado consideró como fundada, por lo que revocó la decisión del juez y ordenó la vacunación de la menor
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades, competencias, atribuciones y obligaciones legales, lleven a cabo las acciones necesarias e indispensables, para que se aplique en favor de la menor quejosa”, dijo el Tribunal.
Al resolver la queja 225/2021, precisó que las autoridades tienen un plazo improrrogable de 24 horas para cumplir con la sentencia, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo.
Los magistrados señalaron que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el 23 de junio el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech para el grupo de 12 a 17 años.
Con ello, se dictó la primera sentencia que obliga a vacunar a un menor de 18 años quien acusó como acto reclamado la omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales “llueve, truene o relampaguee” a partir del 30 de agosto.
También impugnó la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y la misión para inocular a menores de 16 años, afectando con ello de forma directa a la joven.
A la fecha suman al menos 50 amparos de menores que buscan ser vacunados contra el COVID-19.
