La industria minera es una de las que destaca por la opacidad e impunidad tanto en los derechos laborales como en la acción frente accidentes que han cobrado la vida de cientos de trabajadores.
Esta industria también destaca por poco interés de gobiernos y empresas, comunidades explotadas y acuerdos engañosos con los habitantes de las regiones mineras en México.
De acuerdo con Impunidad Cero, la falta de información es una de las principales problemáticas de la industria. Las dependencias gubernamentales encargadas como la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican la información correspondiente a proyectos, los concesionarios, o las manifestaciones de impacto ambiental.
También destacan que hay una falta de supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros, por lo que hay poblaciones afectadas, pues incluso se reportan nuevas enfermedades asociadas con el consumo de agua contaminada.
Asimismo, no se respeta el derecho a consulta de los pueblos afectados por la exploración y explotación de minas y destacan que cuando se realiza, se hace de forma deficiente o con información manipulada, violando los derechos de los afectados
Las tragedias mineras no son algo nuevo, históricamente ha cobrado cientos de vidas.
Desde Pasta de Conchos, en 2006, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contabiliza al menos 60 accidentes en los que han muerto más de 120 mineros en la región carbonífera. Inclusive, en septiembre de 2021 se exigió revisar las condiciones de seguridad de las minas de arrastre y pocitos de la región, luego de un accidente en el que un trabajador resultó gravemente lesionado. Nunca ocurrió esa revisión.
Documentos históricos, de acuerdo con El Universal, refieren más de 120 accidentes fatales en la historia, tan solo, de Coahuila, pues se trata de la región carbonífera más importante del país, que aporta el 100% de la producción nacional, según el informe Perfil del mercado del carbón 2022, de la Secretaría de Economía.
Otros de los accidentes son:
MÚZQUIZ
El 4 de junio de 2021 siete trabajadores de una mina de arrastre ubicada en el municipio de Múzquiz, Coahuila, quedaron atrapados luego de un desbordamiento de agua en el interior que ocasionó la ruptura del techo y paredes del sitio.
Autoridades mencionaron que los trabajadores se encontraban en los túneles cuando se inundó la mina de carbón por el rompimiento de una represa.
En las labores de rescate participaron 200 personas, sin embargo, no se pudo desaguar la zona y los mineros fallecieron.
La agrupación Familia Pasta de Conchos, que agrupa a parientes de las víctimas de la tragedia envió –el 23 de octubre de 2021– una carta a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quejándose de las condiciones de la mina de Micaran, en Múzquiz.
Sin embargo, la empresa del Estado se deslindó este sábado de lo sucedido y aseguró que la mina accidentada no provee carbón a la CFE y que, por tanto, "era imposible que su director (Bartlett) estuviera enterado de la mina".
PASTA DE CONCHOS
El caso más representativo de las condiciones laborales en que operan los mineros quedó al descubierto en 2006 con el accidente en la carbonífera Pasta de Conchos.
En ese entonces, 65 mineros murieron tras quedar atrapados por una acumulación de gas metano que ocasionó la explosión de los túneles de la mina 8, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila.
La empresa Grupo México, que operaba la concesión de la mina, aseguró que el accidente ocurrió durante la madrugada del 19 de febrero cuando 65 de los 73 trabajadores intentaron salir pero, al colapsar los túneles, quedaron sepultados.
En octubre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a iniciar el rescate de los 63 mineros, por lo que firmó un documento expresando su voluntad de llegar a una solución acordada entre las partes.
Sin embargo, desde aquella fecha, el gobierno aplazó dos veces el inicio del rescate y finalmente los trámites. Por ello, se prevé que el rescate de los mineros ocurra hasta 2023.
La mina, operada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados.
El l empresario Germán Larrea y su empresa, Grupo México, siguen en la impunidad. El caso incluso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras los deudos aguardan que se cumpla la promesa del actual gobierno federal de rescatar los restos.
Otro de los padecimientos que han tenido que enfrentar las familias de las víctimas es el abandono por parte del Sindicato Minero, entonces liderado por Napoleón Gómez Urrútia.
BUENAVISTA DEL COBRE
En 2014, la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, vertió 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, en Sonora, un estado del norte del país.
Fue una cantidad equivalente al volumen de agua de 12 albercas olímpicas y afectó a más de 22 mil personas.
Grupo México es una de las empresas más grandes de México, un conglomerado de firmas de distintos sectores, desde minería, transporte e infraestructura, hasta entretenimiento. Es la minera más grande de el país y la privada más importante de América Latina y de acuerdo a su página web tiene operaciones en Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Perú
De acuerdo con una investigación de la BBC, en 2019 pobladores reportaban que las enfermedades habrían aumentado por consumir agua contaminada, asimismo, las cosechas han disminuido y las aves tampoco llegaban a la región.
En julio de 2019, la empresa volvió a verter ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, una zona de gran biodiversidad. Con este, Grupo México sumaba "22 accidentes ambientales" en el país, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.
Ocho años después del derrame de la mina Buenavista del Cobre los afectados reclaman justicia, reparación y condenas pues el caso sigue en la impunidad.
