Una juez de Quintana Roo se negó a aceptar a trámite un juicio de amparo promovido por un menor que buscaba ser vacunado contra el COVID-19 previo al inminente regreso a clases, el próximo 30 de agosto.
La juez estimó una causa “manifiesta e indudable de improcedencia” en este juicio, pues advirtió que, al momento, en el estado de Quintana Roo no existe una circular, acuerdo, o decreto que determine que el regreso a clases en esa entidad es obligatorio.
Por ello desestimó el argumento del menor quien refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente durante su conferencia matutina que “llueva, truene o relampaguee”, el 30 de agosto se regresará a las clases presenciales en todo el país.
El menor, representado en el juicio de amparo por su padre, dijo que con dichas declaraciones siente que su salud se pone en riesgo al regresar a clases presenciales, ya que se incrementa la posibilidad de contagiarse del virus SARS-CoV-2, particularmente por la variante Delta, que ha incrementado los casos positivos en menores.
Al respecto, la juez consideró que lo manifestado por el menor se trata de hechos inciertos. Además de que no se ha hecho el anuncio en el estado de Quintana Roo de que el regreso a clases presencial sea obligatorio.
“Si bien es cierto que en diversos medios de comunicación se ha difundido tal información, lo cierto es que ello en modo alguno implica que efectivamente el estado de Quintana Roo se reanuda el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial”, dijo la juez.
“Lo anterior, debido a que, al día de hoy no existe un decreto o determinación publicada en un medio de comunicación oficial que determine esa situación”, agregó la juzgadora
En la resolución, la juez agregó que para el caso de qué se emita algún decreto, comunicación oficial debidamente publicada, u orden de inicio del ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial, y aún no haya sido vacunado el menor, la procedencia del amparo que promueve tendría que asumirse con un criterio distinto.
Es decir, sería hasta entonces cuando pueda ser procedente dicho recurso legal.
Cabe precisar que este es el tercer caso que se conoce de juicios promovidos por menores para exigir que se les aplique la vacuna contra el COVID-19.
Los dos primeros, uno en Querétaro y otro en la Ciudad de México, los jueces aceptaron a trámite los recursos y concedieron la suspensiones provisionales con efecto de que se valore clínicamente a los menores y, en caso de ser aptos, se les aplique la vacuna contra el nuevo coronavirus.
