La nueva resistencia indígena en Chiapas, ahora es por petróleo

Comunidades zoque se organizan para detener las licitaciones del gobierno federal
Comunidades zoque se organizan para detener las licitaciones del gobierno federal
Lourdes Hurtado
Reportera
2017-05-17 |21:12 Hrs.Actualización18:40 Hrs.


CREEMOS QUE IMPORTA POR...

Porque las comunidades indígenas y el medio ambiente también deben ser prioridad en México

En la entrada de Chapultenango, municipio al noroeste de Chiapas, una manta con letras negras y rojas recibe a los visitantes: “¡NO AL FRACKING! NI AQUÍ, NI ALLÁ, NI HOY, NI NUNCA”.

La comunidad indígena Zoque que ahí reside defiende la importancia que la localidad tiene para su cultura y la considera como un “espacio sagrado”; sin embargo, también sabe que sus tierras están contempladas por el gobierno federal para que empresas extranjeras puedan extraer hidrocarburos.

“Nos van a contaminar el aire, el agua, todo lo que es el entorno zoque, que para nosotros es un espacio sagrado”, dice Tarcicio Gómez, uno de los agentes municipales de Chapultenango, mientras sostiene una lista con firmas de los habitantes que rechazan este proyecto.

"Ellos tienen derecho a buscar sus riquezas, pero no destruyendo la vida de nuestros indígenas"

Estas autoridades locales han recorrido cada comunidad del municipio de alrededor de 7 mil habitantes, para explicar en español y en zoque, las repercusiones al medio ambiente y a la salud que, de acuerdo con ellos, podrían ocasionar la llegada de pozos petroleros a sus comunidades.

LA REFORMA ENERGÉTICA

Con la reforma energética de 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se abrió la puerta a la inversión extranjera en el sector petrolero y se planteó licitar espacios en territorio mexicano para la extracción de hidrocarburos.

Una de estas licitaciones, conocida como Ronda 2.2, tiene en su proyección dos zonas con población indígena, que abarcan más de 84 mil hectáreas en el norte y centro de Chiapas: Ixtacomitán, Francisco León, Chapultenango y Tecpatán.

En estos municipios los indígenas zoques ya organizan protestas en las calles y recolectan firmas en oposición a la entrada de estos proyectos.

Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los pobladores se equivocan en un detalle: la extracción para estos bloques es de crudo suave, por lo que no requieren del fracking, una técnica que consiste en perforar y fracturar la tierra a profundidad para extraer gas o petróleo. Con perforaciones menos profundas en un puñado de pozos, añade, se puede crear un yacimiento. ¿Pero se evita un impacto en el medio ambiente?

“UNA BOMBA DE TIEMPO”

En 1982, con la explosión del Volcán Chichonal, una de las comunidades pertenecientes al municipio de Chapultenango tuvo que ser reubicada al norte de la entidad, así surgió el ejido Nuevo Volcán Chichonal en el municipio de Juárez, en donde ya se encontraban 15 pozos petroleros de Pemex, justo como los que quieren realizar con esta licitación.

A 35 años de su reubicación, las nuevas generaciones resienten las consecuencias. Los pobladores aseguran que la tierra se ha vuelto inservible para la agricultura y que son cada vez más los casos de cáncer y de enfermedades de la piel en su comunidad.

Por otro lado, la contaminación auditiva por el ruido de la maquinaria es también una de las principales quejas. “El año pasado se escuchaba un ruido que llegaba a la casa, que hasta uno pensaba que iba a explotar y pues no puedes dormir, es una bomba de tiempo”, señaló Noé Domínguez, habitante del ejido.

Él es miembro del sindicato de trabajadores que presta sus servicios para las empresas que llegan hasta este punto a realizar trabajos de extracción. Destaca que antes, el mantenimiento de los pozos era prioridad, pero que con el paso de los años y con la llegada de nuevos proyectos de extracción en la zona, se han descuidado. Ahora temen que ocurra un accidente por las constantes fugas.

LAS CONSULTAS

Por tratarse de población indígena, en estos dos bloques la Secretaría de Energía (Sener) está obligada a realizar una consulta, que por ley debe ser previa, libre e informada.

El proceso ya comenzó, pero en distintos ejidos y comunidades, al personal de la Sener se le ha negado la entrada. Este es el caso del ejido Viejo Lindavista, en Ixtacomitán, donde a mediados de abril expulsaron a los funcionarios por miedo a que la información “causara división”.

"En el momento en el que ellos saquen el petróleo, a nosotros nos va a perjudicar muchísimo en cuestiones ambientales, en cuestiones de animales, en siembras de maíz y frijol, lo que cosechamos principalmente"

La Candelaria es la única comunidad donde la población ha decidido formalmente participar en el proceso de consulta, por lo que funcionarios de Sener han convocado al menos a tres reuniones. Sin embargo, de aproximadamente 260 habitantes, sólo han atendido en promedio 15 personas a sus convocatorias.

“La preocupación es que quizás vayan a firmar quien vaya a firmar y al final de cuenta la mayoría no esté de acuerdo, porque en la reunión se ve claramente que no están llegando”, explicó Isaías González, habitante de esta comunidad.

En Chapultenango, los pobladores aseguran que no se han acercado a brindarles información respecto a los proyectos, por lo que han optado por hacer su propia autoconsulta para manifestar su rechazo. Odilio Martínez, agente municipal, señaló que han realizado asambleas y levantado actas para dejar constancia de que el municipio se opone a los proyectos.

“Van a venir con sus mentiras. Nosotros ya preparamos a la gente (…) Si ellos quisieran venir nos vamos a levantar todos porque ya estamos de acuerdo de que no lo vamos a aceptar”, afirmó en entrevista.

Sin embargo, es más al sur donde el tema ha causado mayores estragos. En el municipio de Tecpatán, este problema ha abonado al conflicto que la comunidad ya tenía con autoridades municipales.

El pasado 13 de febrero, en una protesta contra el alcalde Armando Pastrana Jiménez, la Presidencia Municipal fue tomada y quemada. El tema de los hidrocarburos estaba en la agenda de ese día, pues desde el municipio se ha apoyado públicamente la entrada de dichos proyectos.   Las autoridades acusan a miembros del Movimiento de Resistencia Indígena de la quema, pero ellos aseguran que fue el mismo presidente municipal, a través de grupos de choque, quien ocasionó el incendio.

“Sabemos que en las luchas y para defender al pueblo tienen que pasar muchas cosas y nosotros estamos dispuestos a eso, ahora sí que a demostrarle al gobierno que nosotros vamos a defender nuestras tierras”, dijo Silvia Juárez Juárez, una de las activistas más involucradas en la lucha contra la extracción de hidrocarburos en territorio Zoque

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

La Secretaría de Energía se negó a dar detalles a este medio sobre el proceso de consulta en Chiapas, pues aseguran, siguen presentando información sobre los alcances de los proyectos a las comunidades. El director de Evaluación de Impacto Social de la Sener, Rodolfo Salazar, se limitó a explicar que en las bases de la licitación se prevé que la decisión que tomen las comunidades zoques mediante el proceso de consulta determinará si estas dos áreas son incluidas en la Ronda 2.2.

“Las bases de licitación prevén que las comunidades asuman una posición y el Estado será respetuoso de esta”, dijo. 

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, señaló que la Sener tiene hasta el 14 de junio para presentar los resultados de la consulta y que las comunidades pueden tener la certeza de que no se contemplarán estas áreas sin ello.

“Tienen la tranquilidad de la ley, que la CNH no va a emitir bases finales de esas dos áreas contractuales ni contrato final, y mucho menos llevar a cabo el concurso de esos contratos, sin que la consulta indígena esté terminada”, explicó Zepeda.

De acuerdo con esta dependencia, se calcula que se podrían extraer hasta 437.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de estos bloques. La inversión estimada por cada una de estas áreas contractuales es de 165 millones de dólares, es decir 330 millones de dólares en total, que podrían ser frenados si en la consulta no se logran acuerdos con las comunidades.