El Registro Nacional de Deudores Alimenticios, recientemente aprobado en el Senado de la República no sólo sería inoperante, sino que además estaría lejos de brindar justicia a madres autónomas e infancias. En entrevista con Nación321, Diana Luz Vázquez, activista promotora de la Ley Sabina lo explica.
"Es una simulación, humo y es, simplemente, una narrativa de pose de política, que en nada va a ayudar a lo que nosotros estamos buscando, que es justicia para las infancias y visibilizar a estos señores", acusa.
De acuerdo con Vázquez, la inoperancia se debe a que, según el dictamen avalado, el Registro deberá ser operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no obstante, este organismo está incapacitado en funciones y recursos, tan sólo para ponerlo en marcha. Esto queda comprobado, pues no es la primera vez que una iniciativa similar se avala, poniendo al DIF como responsable.
"El DIF Nacional no tiene capacidad operativa, ni técnica, ni de interés, tampoco presupuestaria. Hace diez años que se aprobó el mismo Registro en San Lázaro, porque Registro Nacional de deudores se ha avalado muchas veces desde hace más de 20 años, sin embargo el DIF se ha declarado incompetente para administrarlo", acusa.
En este contexto, Diana Luz Vázquez explica que, para que se garantice justicia a las madres e infancias, debería ser la Secretaría de Gobernación (Segob), que ya está avalada para concentrar la información de todos los registros civiles del país, la que opere el Registro Nacional, pues cuenta con la estructura y facultades, también con los recursos para ponerlo en marcha.
Otro punto relevante, es conseguir que el Registro sea público, lo que realmente sirve como una medida social para ejercer presión a los padres que se niegan a cumplir con sus obligaciones.
A la par, Vázquez destaca que algunos puntos que han sido presumidos por los senadores, como la negativa a deudores que estén en el Registro para que puedan comprar propiedades o tramitar su pasaporte, realmente no se podrían aplicar con un aparato operado por el DIF, pues no está facultado para ello
De acuerdo con la activista, a la fecha hay 22 registros estatales de deudores alimentarios, aún faltan 10 estados más en tener y aprobar su registro. El gran tema es que ninguno es público.
Una gran noticia sobre el Registro de #DeudoresAlimentarios se convierte en una GRAN SIMULACIÓN porque el #DIF nacional ya se ha declarado incompetente para operar el registro. Lo hemos dicho, es @SEGOB_🤷🏾♀️
— Diana Luz (@DianaLuzVa) March 23, 2023
Por eso es INOPERANTE. Seguiremos luchando por #LeySabina pic.twitter.com/IEpmbU1gvk
Diana Luz Vázquez es parte del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y promotora de la Ley Sabina, que consiste en un conjunto de 40 reformas legislativas en materia civil y en materia penal, para sancionar y restringirles derechos a los deudores alimentarios, como el acceso a cargos públicos, retiro de pasaporte y claro, también incluye la implementación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pero que sea público y operado por la Segob.
Pese a que la lucha de las madres del Frente Nacional lleva años, ninguna de ellas fue consultada por senadoras y senadores que impulsaron y avalaron el Registro Nacional que se aprobó ayer.
"En el registro no hay colectivas, nunca nos invitaron ni siquiera a la votación de esta de esta ley y por otro lado, es lamentable que se ignore la lucha que hemos logrado en entidades como Oaxaca o Michoacán, donde ya logramos por ejemplo que los deudores alimentarios sean considerados como ello luego de 30 días de no pagar la pensión (...) en este Registro Nacional les dan un plazo de 90 días", dice.
En este sentido, desde ayer, senadoras como Olga Sánchez Cordero y Mayuli Latifa Martínez Simón, se colgaron la medalla de la defensa de los derechos de las mujeres y compartieron sus posturas en torno al tema, de los vacíos legales nadie habló, tampoco de que no tomaron en cuenta los sentires de las mujeres víctimas de violencia económica.
