El 11 de marzo de 2010 se casaron, en el entonces Distrito Federal, las primeras parejas del mismo sexo. Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la capital del país, encabezó la ceremonia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Tras este hecho, tuvieron que pasar 12 años para que en todo el país este derecho se garantizara, con sus asegunes...
Actualmente, todos los estados del país permiten el matrimonio igualitario. En 26 se han realizado modificaciones a la ley, principalmente códigos familiares y civiles locales. Mientras tanto, en una entidad no se requirió modificación como tal, y cinco lo hacen por decreto del Poder Ejecutivo o por acción de inconstitucionalidad.
La capital del país fue pionera en el tema, en 2009 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó los matrimonios igualitarios y para 2010 el decreto ya estaba publicado y entró en vigor.
Conquistar este derecho no fue fácil, antes activistas tuvieron que cabildear el tema y, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad de 2003, decenas de parejas tomaron el palacio de Bellas Artes para unirse en matrimonios simbólicos, como acto de protesta.
Las parejas firmaron el libro de actas, recibieron su certificado de matrimonio, se entregaron mutuamente un par de anillos y con besos demostraron a la aún conservadora sociedad, que el amor no es un delito.
A la fecha, los estados que han modificado sus leyes locales para permitir los matrimonios sin importar el sexo y orientación sexual de los contrayentes son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El año en que más congresos locales aprobaron estos cambios, fue 2022, cuando los ocho estados más reacios a aceptar cedieron, aún con la presión de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos.
El caso de Quintana Roo fue particular, ya que la ley no tenía impedimento para permitir las uniones sin importar el sexo de los contrayentes, al definir el matrimonio como “la unión entre dos personas”.
No obstante, se modificaron algunos artículos del Código Civil, para perfeccionar la interpretación de la Ley y, por ejemplo, el artículo 602 bis, que definía el matrimonio, pasó a señalar que es “la unión entre dos personas, sin importar su género”.
Con el paso de los años, el estado ha ido abriendo paso a nuevos derechos para las personas de la comunidad de la diversidad sexual, a veces a regañadientes.
Por ejemplo, el 10 de febrero de 2022, Fausto Joseph y Abraham Cárdenas González se convirtieron en la primera pareja gay de Quintana Roo que logró registrar a sus dos pequeñas con sus apellidos. Lo consiguieron gracias a un amparo.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó jurisprudencia, para determinar que todas las parejas, sin importar su género, tienen derecho a casarse.
Tras ello, las parejas LGBTTTIQ+ que deseaban unirse en matrimonio, presentaron amparos en distintos estados del país, no obstante también surgieron otras herramientas legales para permitirlo.
Un ejemplo son los decretos emitidos por gobernadores, que ante la negativa de los congresos locales por legislar el tema, se pronunciaron como líderes del ejecutivo local.
Hoy, los estados que, sin haber legislado, permiten por decreto los matrimonios igualitarios son Chihuahua y Guanajuato. Y quienes lo permiten por acción de inconstitucionalidad son: Nuevo León, Chiapas y Aguascalientes.
De acuerdo con las últimas encuestas sobre discriminación, publicadas por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre los tres grupos más discriminados en México están las personas de la diversidad sexual, por lo que la conquista de derechos independientemente del género y orientación sexual que se tenga, suma a un cambio de narrativa en este sentido.
Por otro lado, las uniones legales, como cualquier matrimonio, traen consigo beneficios legales como el acceso al Seguro Social, la solicitud de un crédito inmobiliario conjunto o el pago de seguros e indemnizaciones en caso de que alguna de las partes tenga algún percance.
También se garantiza acceso a la pensión por viudez y hasta la nacionalidad de la pareja.
