La multicitada frase de que los "niños son el futuro de la sociedad" alarma cuando se documenta que menores de 18 años son presentados por grupos del crimen organizado y por las mismas autodefensas como parte de sus estructuras.
Y ya sea que los recluten para realizar actividades ilícitas o, bien, para defender a sus comunidades, hay una imagen en común que cimbra a organizaciones en defensa de derechos humanos: la exposición de niños a escenarios bélicos, la portación de armas de fuego y la relación de éstos con la violencia... y la muerte.
En México, las postales de niños portando armas de grueso calibre no son una novedad. Una muestra de la gravedad de esta problemática puede apreciarse en la estimación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2015, cuando expuso que 30 mil niños y niñas habían sido captados por grupos delictivos en nuestro país.
Pero las alarmas están activas, pues en 2021, Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó que, según un estudio hecho por este organismo, "entre 250 y 400 mil niños y adolescentes (estaban) en peligro de ser reclutados por el crimen organizado" en ese año.
Ante una problemática que ha ido en aumento en los últimos 10 años, es necesario voltear a preguntarse —más allá de las causas que orillan a los menores de edad buscar refugio en actividades violentas— cómo influye en ellos, de forma negativa, la colusión con actividades violentas.
Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta de las implicaciones psicológicas que tiene para menores de 18 años la exposición a situaciones de riesgo y violencia.
Según Christian Skoog, representante de Unicef en México, "sin importar a qué grupo u organización armada sea reclutado un niño, niña o adolescente, por quién sea auspiciada y con qué fin, ese reclutamiento es una práctica que atenta directamente contra sus derechos humanos”.
El especialista alerta que "las consecuencias del reclutamiento en grupos armados pueden ser sumamente graves para un niño; tanto física como emocionalmente, pues pueden perder su infancia”.
“Los niños, niñas y adolescentes asociados con fuerzas armadas están expuestos a la violencia, ya que frecuentemente son obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra la integridad física y la vida de otras personas, y corren alto riesgo de ser sometidos a abusos, explotación y abandono escolar, sufrir lesiones físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte".
Según el organismo internacional, el reclutamiento de menores de 18 años en grupos armados es siempre producto de una acción forzada, y "una de las peores formas de violencia y explotación a las que pueden estar expuestos niñas, niños y adolescentes, ya que afecta su integridad personal y vulnera sus derechos a la supervivencia y desarrollo, protección, salud, educación y recreación, entre muchos otros derechos. Una de las consecuencias más graves es que afecta sus expectativas y su proyecto de vida".
Aunque en términos económicos pareciera "atractivo" sumarse a las filas del crimen organizado, con pagos de hasta 35 mil pesos mensuales para menores de edad, según reveló Saskia Niño de Rivera, cofundadora la asociación civil Reinserta, organizaciones de la sociedad civil alertan que el 'destino' de los niños en este escenario está íntimamente relacionado con "desenlaces fatales".
PROTECCIÓN LEGAL
Los esfuerzos de instituciones públicas, intelectuales e investigadores sobre este tema apuntan a tener un marco normativo en México que atienda a las víctimas de reclutamiento y, por otro lado, castigo específicos para quienes incurran y promuevan estos delitos.
“Es fundamental tener un marco normativo robusto que permita tratar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas cuando son reclutados por la delincuencia organizada y, en caso de que hayan cometido algún delito, juzgarlos también desde esa perspectiva. Esta doble dimensión es muy relevante, pero no está suficientemente visibilizada en México”, lamenta González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En un artículo para la Gaceta UNAM, la especialista indica que nuestro país cuenta con un régimen jurídico especial para los menores de edad –el Sistema de Justicia para Adolescentes, contemplado en el artículo 18 de la Constitución– que considera sus condiciones de desarrollo y establece que no se les puede juzgar de la misma manera que a los adultos.
Detalla que "los grupos delincuenciales se aprovechan de esta circunstancia para reclutar niños, niñas y adolescentes, pues están conscientes de que si éstos son detenidos y juzgados no se les castigará con la misma severidad con que se hace a un adulto", aunque organizaciones añaden que es fácil y poco costoso a grupos criminales reclutar a menores.
Por lo anterior, recomienda "tomar medidas de prevención temprana, trabajar en las comunidades donde se dan fácilmente los procesos de reclutamiento de personas menores de edad, y, cuando surja un caso, intervenir de inmediato”.
Recientemente, se volvió a prender la alarma, ya que una comunidad en Guerrero, ante la violencia que se vive, mostró cómo reclutó y enseño a menores de edad a defenderse, usar armas y adoptar un nuevo estilo de vida.
