Este reportaje fue creado de forma colaborativa en el Mediatón #VocesEnAlza de Chicas Poderosas, donde 100 mujeres que trabajan en medios provenientes de 17 estados se reunieron en noviembre en Ciudad de México para contar historias sobre el acoso contra las mujeres y niñas. Este mediatón fue posible gracias al apoyo de Google News Initiative, la Embajada de Estados Unidos en México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Cultural de España en México. Para ver todos los proyectos creados en el Meditan #VocesEnAlza, visita bit.ly/vocesenalza
El jueves 04 de octubre de 2016, a las 2 de la tarde, Kenya Cuevas y sus compañeras trabajadoras sexuales bloquearon una de las arterias principales de Ciudad de México: la avenida Insurgentes Norte con Puente de Alvarado, como protesta por la liberación del asesino de Paola Buenrostro. Este fue el primer grito de auxilio que marcó la visibilización del transfeminicidio, la impunidad y las violaciones sistemáticas a las mujeres por ser transgresoras de la identidad de género.
Paola Buenrostro fue asesinada a balazos la noche del 30 de septiembre de 2016 en la avenida Puente de Alvarado (CDMX). Ella, junto con sus cuatro compañeras, se encontraban trabajando y un coche se acercó. Fue la única que aceptó subir.
El vehículo había avanzado menos de cinco metros y los gritos de auxilio de Paola alteraron a Kenya, quien corrió al carro para ver qué sucedía. Cuando se asomó por la ventana, vio a su amiga desvanecer en los brazos del hombre que la invitó a subir. El victimario le disparó tres veces para después quitarse de encima a Paola y apuntar hacia Kenya, pero el cuarto disparo no salió, el arma se encasquilló.
“Yo no fui”, decía el hombre con el arma en la mano. Kenya y otros testigos documentaron la situación con teléfonos celulares; no obstante, el hombre fue liberado 48 horas después.
El asesinato de Paola Buenrostro ha sido el primer caso reconocido por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) como un transfeminicidio gracias a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH). A pesar de esto, a la fecha, Kenya, a quien se le reconoció como víctima indirecta en el caso, no ha recibido ni un comunicado por parte de la Procuraduría.
El caso de Paola es solo uno de las decenas de asesinatos de mujeres trans que suceden al año en todo el país. De enero a agosto de 2019 la organización civil que documenta los casos, Letra Ese, calcula, por lo menos, 40 víctimas de transfeminicidio. Y tan solo en Ciudad de México, han contado 10 víctimas trans, el mismo número que el del periodo 2013 a 2018.
De acuerdo con el último informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la falta de capacitación de agentes de policía, fiscales y autoridades forenses puede producir registros imprecisos.
El informe detalla que las mujeres trans con frecuencia son identificadas en los registros públicos como “hombres vestidos con ropa de mujer”, lenguaje que también es replicado por los medios de comunicación, reproduciendo violencias y el discurso de estigmatización.
(ILUSTRACIÓN: Melissa Pinto)
Al recopilar las notas en las que aparece el término transfeminicidio, del mapa elaborado por la investigadora María Salguero, se encontró que desde 2016, cuando comenzó con la recopilación de notas, 66% se refiere a las mujeres trans como “hombres vestidos de mujer”; sin embargo, para 2017 y 2018 este porcentaje bajó a 36%.
Noé Ruiz Malacara, representante de la organización Comunidad San Aelredo A.C, de Coahuila, menciona que hasta 2016 y principios de 2017, las notas tenían un tinte amarillista.
Argumenta que esto sucedía porque nadie se acerca con los medios para decirles que se trata de mujeres trans y no de “hombre vestido de mujer”. Incluso menciona que en una ocasión tuvieron que interponer una queja ante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del estado porque un medio de comunicación utilizaba connotaciones denigrantes para referirse a la población LGBTTTIQ.
(ILUSTRACIÓN: Melissa Pinto)
¿FEMINICIDIO O CRIMEN DE ODIO?
Ante la falta de la tipificación del transfeminicidio como delito en el Código Penal Federal, han sido las organizaciones civiles las que han luchado para visibilizar la problemática; sin embargo, las autoridades en las entidades lo investigan como homicidio; y solo en 13 estados del país se agrega como agravante el crimen de odio por motivo de la identidad u orientación sexual de las víctimas.
Con este marco legal, la población LGBTTTIQ es quien más riesgo corre, en especial las mujeres trans.
En la Ciudad de México, los transfeminicidios son investigados como homicidio y le agregan el agravante de crimen de odio; y de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal, tienen una pena de veinte a cincuenta años de prisión.
En Puebla, desde 2012, el odio por razón de género es un agravante del delito, como los transfeminicidios. El problema es que los jueces y el Ministerio Público lo desconocen y nunca se ha utilizado para calificar un delito, explica Brahim Zamora, coordinador del área de Desarrollo Institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
El caso de Querétaro es similar, pues está señalado el homicidio doloso con ensañamiento y crueldad, además por motivos depravados o de odio manifiesto por la preferencia sexual o identidad, de género de la víctima, y es castigado con prisión de quince a cincuenta años.
Por este motivo, con la reforma al Código Penal Federal, los colectivos y asociaciones civiles buscan incluir el transfeminicidio dentro del concepto de feminicidio. “El problema es que muy pocas víctimas son reconocidas por su identidad de género”, señala Jaír Martínez, responsable del área de investigación en Letra Ese.
“Generalmente se investigan como un crimen pasional; y se asume que el crimen se comete dentro de la comunidad LGBTTTIQ. Es una constante estigmatización. Se comparten los prejuicios y siguen minimizando la violencia”, afirma Martínez.
(ILUSTRACIÓN: Melissa Pinto)
Los crímenes de odio que esta organización ha documentado hacia las mujeres trans representan el 52% de la comunidad LGBTTTIQ. Y apenas existen cinco sentencias por crímenes de odio de los 473 casos registrados en el país.
SIN DATOS PRECISOS
El tema de las cifras ha sido una de las principales dificultades para visibilizar la problemática del transfeminicidio, pues al no existir datos oficiales, han sido las mismas organizaciones quienes se han encargado de crear sus propias bases de datos a partir de los asesinatos reportados en los medios.
El Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, y que por ahora solo documenta los casos que son mencionados en los medios, lleva un registro de ocho víctimas trans en Coahuila en el periodo de 2015 a 2019.
La asociación civil Vida plena, no dejarse es incluirse, contabiliza los “crímenes de odio” en Puebla desde 1996. En 23 años de revisión, señala el representante Onán Vázquez Chávez, han documentado 65 presuntos crímenes: la mitad son mujeres trans y el resto de hombres homosexuales. Además, hay 45 averiguaciones previas por estos delitos que no han sido esclarecidos.
En el caso de Querétaro, aunque se ha trabajado en la defensa de los derechos de la población trans desde diversas organizaciones, fue hasta septiembre de este año cuando surgió la primera colectiva Queretrans. Ilsa Aguilar, integrante de dicha organización, comenta que en la entidad no existen datos oficiales de mujeres trans asesinadas, pero refiere que sí ha habido algunos casos.
La situación de Querétaro se replica en todo el país, hoy no existe un registro oficial que permita dimensionar a las víctimas trans. Por lo tanto, Rocío Suárez, directora de Centro de Apoyo de las Identidades de Trans, considera que a pesar de los esfuerzos documentales el subregistro puede ser muy grande.
Las mujeres trans están oficialmente invisibilizadas.
Este reportaje fue elaborado con la mentoría y edición de Andalusia Knoll Soloff.
