Porque esta práctica vulnera la confianza de las personas
El Congreso de Tabasco aprobó en comisiones un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal del estado, para tipificar el llamado sexting (compartir imágenes o videos de contenido sexual) y cualquier conducta que atente contra la intimidad personal usando medios electrónicos.
De esta manera quién reciba imágenes de tipo sexual y las distribuya o revele sin consentimiento de la o las personas involucradas, o las use para chantajearlas, sería castigado hasta con 5 años de prisión.
Las comisiones unidas de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil; y de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, aprobaron por unanimidad la propuesta que será avalada por el pleno en el mes de septiembre, cuando inicie el segundo período ordinario de sesiones.
Esta tiene como objeto que se reconozca legalmente la existencia del sexting, como una práctica común, alentada por el uso de computadoras, celulares, tablets o cualquier dispositivo con acceso a Internet.
Sin embargo, se establece que a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquélla y las revele, publique, difunda o exhiba sin su consentimiento, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de 200 a 500 días de multa.
La iniciativa fue promovida por la entonces legisladora Sheila Cadena Nieto (hoy titular del Instituto de la Juventud de Tabasco), quien destacó que era urgente actuar para frenar el acoso, sobre todo las mujeres, por el mal uso que se da a sus fotos o videos tomados con o sin su consentimiento.
La Policía de Género de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha documentado al menos cuatro casos de "porno venganza" este año, y las involucradas eran jóvenes acosadas por exnovios.
La dependencia ha organizado charlas en escuelas de nivel básico, media superior y universidades para prevenir esas conductas y alentar a las víctimas a denunciar.
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