El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de Amparo, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de actualizarla y sistematizarla con la reforma constitucional del Poder Judicial aprobada en septiembre pasado.
Con 338 votos a favor y 126 en contra y cero abstenciones, las y los legisladores de San Lázaro aprobó este miércoles el dictamen a la minuta, que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, pasa de ocho a seis el número de votaciones, de ministras o ministros, necesarias para que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean válidas para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas para los casos en que se establezca jurisprudencia por precedentes o por declaración de inconstitucionalidad de una norma general.
Mientras que los ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025, la SCJN se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo vigente con anterioridad a la publicación de este decreto.
Actualmente, el artículo 94 constitucional señala que el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno, por lo que se ajustan las disposiciones que se refieren al funcionamiento y atribuciones de las Salas de la Corte.
Asimismo, subraya que “el juicio de amparo no procede contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. En lo que toca a las multas establecidas en la Ley de Amparo, sustituye el término salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización”.
Esta reforma también contempla un lenguaje incluyente y armoniza términos como el “Distrito Federal” por “Ciudad de México”, sustituye las referencias al Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y reemplaza “salario mínimo” por la “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), para garantizar consistencia en la determinación de montos y sanciones.