El pequeño grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados abogó este martes en favor del gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo reciba en Palacio Nacional.
Los 11 integrantes de la bancada perredista en San Lázaro le solicitaron que, “de manera institucional y sin actitudes facciosas”, acepte la pruebas sobre la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral del estado.
A través del vicecoordinador, José Guadalupe Aguilera Rojas, el PRD exhortó al Presidente “actuar institucionalmente y como Jefe del Estado Mexicano en sus relaciones con los gobernadores de las diferentes entidades de la República, particularmente en el combate a la delincuencia organizada” .
Lo conminó a “atender la solicitud de entrevista del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien esta mañana esperó por más de cuatro horas para que lo recibiera y le entregara pruebas sobre la intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones en esa entidad”.
El PRD aclaró que el partido “no pierde de vista que corresponde a instancias ministeriales y judiciales resolver sobre las denuncias hechas por el mandatario estatal, así como por otros actores políticos y sociales”.
Sin embargo, precisó que “también el titular del Ejecutivo Federal se dijo vigilante y garante para que el pasado proceso electoral fuera realmente democrático, compromiso que aún está por demostrarse, pues hay varias denuncias e impugnaciones sobre los resultados que están por resolverse”.
“En el caso específico de Michoacán, el gobernador, líderes sociales y políticos, y otros participantes de los comicios han señalado que, evidentemente, el crimen organizado actuó a favor de diversos candidatos, inclusive del partido Morena, lo cual es sumamente grave, ya que pone en entredicho el compromiso con la seguridad e integridad de los gobernados de los presuntos ganadores que hubieran sido apoyados por los delincuentes”.
Recordó que recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre un decomiso de la droga “cristal” contenida en el portaequipajes de un autobús con logotipo del partido “Morena, la Esperanza de México”, aunque después manipuló la fotografía para eliminar ese letrero.
Insistió en el compromiso de la 4T con “la legalidad y no perder de vista estos hechos, de modo que su actuación se aleje de cualquier ánimo de venganza política y se apegue, en cambio, a la institucionalidad y legalidad”.
Reconoció que “efectivamente, correspondería a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de Michoacán, así como a los tribunales electorales de los poderes judiciales estatales y federales atender, en primera instancia, los delitos meramente electorales registrados en los pasados comicios”.
No obstante, “debido a la intromisión del crimen organizado, es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) y, en su caso, esta última, las que deben intervenir y actuar en conjunto con otras instancias, particularmente de los poderes Ejecutivo y Judicial federales, a fin de actuar contra los triunfos obtenidos con apoyo de delincuentes”.
El PRD solicitó al Presidente “dejar de lado cualquier actitud altanera, facciosa, partidista o revanchista y asumir, en cambio, un comportamiento institucional y a la altura de un líder de Estado, en aras de la seguridad ciudadana y la verdadera democracia nacional”, expuso.
Destacó que “no es digno de un Jefe de Estado ignorar a un gobernador constitucional, de cualquier de las entidades federativas que integran a la nación, y siquiera por urbanidad y cortesía política debiera atender su solicitud de audiencia”.
