¿De qué va la llamada #LeyGarrote de Tabasco que busca penalizar protestas?

Diciembre de 2018.
Integrantes de un sindicato magisterial durante una protesta en Villahermosa, Tabasco
Diciembre de 2018.
Integrantes de un sindicato magisterial durante una protesta en Villahermosa, Tabasco

¿De qué va la llamada #LeyGarrote de Tabasco que busca penalizar protestas?

Diciembre de 2018.Integrantes de un sindicato magisterial durante una protesta en Villahermosa, Tabasco
Cuartoscuro
2019-07-29 |08:49 Hrs.Actualización08:49 Hrs.
CREEMOS QUE IMPORTA POR...

Porque este dictamen atenta contra el libre derecho de manifestación pública

La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco aprobó el viernes un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.

El dictamen fue propuesto por el gobernador Adán Augusto López Hernández, emanado de Morena.

La reforma será votada en el Pleno este lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es "incongruente" castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.


La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobó por mayoría de votos los cambios al Código Penal en donde se aumentan las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan "delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación".

"Se trata de 'meter orden', porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco", dijo Julia Pardo Contreras, presidenta de la comisión.

La bancada del PRI se opuso a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, quien calificó la propuesta como "ley Antimarchas", pues no sólo busca frenar a los seudosindicatos, sino a cualquiera que pretenda manifestarse. En redes sociales fue bautizada como "ley garrote":

"Existen elementos que ponen en evidencia que las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prevenda, sino que por lo elevado de las penas, también serán pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de inconformidad en contra del Gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas", sostuvo.

Agregó que el presidente López Obrador desconoce este "atropello democrático" y seguramente no lo avalará, pues él mismo recurrió a plantones y marchas.


El dictamen señala que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando "cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas".

Por la comisión de este delito, se impondrán prisión de uno a cinco años. La pena se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad.

Si alguien incurre en el delito de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión.

Sobre el delito de interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años. La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años.

Se consideran multas económicas de 168 mil 980 pesos a quienes cometan estos delitos, y si son realizados por un servidor público o exservidor público, por miembros o exmiembros de alguna cooperación policial, se impondrá una inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar un cargo o comisión pública.

Entre 2012 y 2018, Tabasco registró casi 2 mil protestas, de acuerdo con datos del Gobierno del estado y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab). Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los entes que más acciones de este tipo acumula.

PROTESTAS

Ante la aprobación de la ley en las comisiones, en redes sociales diversos ciudadanos han protestado por considerar a la ley represora e incongruente con los gobiernos de izquierda como es el de Tabasco y los de aquello en donde manda Morena.

Entre los reclamos en redes sociales está el de la propia gente de Morena como la senadora Citlalli Hernández:

Pero también legisladores de izquierda como Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, criticaron la postura de Morena en el estado natal del presidente.

Sin embargo, algunos simpatizantes de la 4T trataron de explicar que no es una ley para reprimir la protesta social, sino para acabar con una forma de extorsión de delincuentes que se hacen pasar por manifestantes para pedir algo a cambio.

EL PRESIDENTE LA DEFIENDE

Durante su conferencia de este lunes, el presidente López Obrador señaló que la ley no tiene un afán represor como se dice en redes sociales.

"En el caso de la legislación de Tabasco, tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabaja para Pemex, se le extorsionaba, se le cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar, eso no, así no es la cosa, entonces ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno, se acaba el moche, se acaba el huachicoleo", dijo el mandatario en Palacio Nacional.

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Con información de Albert Hernández