Porque la oposición impugnará las nuevas legislaciones por considerar que violan el artículo 129 de la Constitución.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, un paquete de reformas legales para trasladar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de la Marina la administración y el control pleno de los puertos de la Marina Mercante del país.
El proyecto deberá ir al Senado para su análisis.
Con estas reformas la Marina asumirá el manejo total de las concesiones, contratos, obras, permisos, tarifas, la educación naval, entre muchas otras funciones.
La Marina podrá “otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua con embarcaciones o artefactos navales; adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua”, señala el dictamen.
Luego de una decisión de política de gobierno que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador -lo que provocó la inconformidad y la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú- la diputada de Morena, Juana Guerra Mena, de Morelos, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos.
Antes de entrar a la discusión en lo particular, la votación en lo general se dio de manera dividida en los partidos de la 4T, y hubo algunos legisladores del PT y de Morena que votaron en contra o que se abstuvieron. El PAN, PRD y MC votaron en contra y el PRI se abstuvo.
El grupo parlamentario de MC anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esta reforma es violatoria del artículo 129 de la Constitución.
