Ante la imposibilidad de lograr un consenso, los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PAN, PVEM, PT y PRD en la Cámara de Diputados se dieron por vencidos y ‘tronaron’ la reforma constitucional para limitar las facultades legales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Luego de seis intentos fallidos de la Comisión de Puntos Constitucionales de sesionar con un dictamen acordado por los seis partidos firmantes de la iniciativa, los coordinadores decidieron posponer el tema para otra mejor ocasión.
“Frente a la opinión pública, manifestamos que hasta ahora no se han logrado los consensos para aprobar esta reforma y, frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar, como es nuestra obligación, en favor de las y los mexicanos, siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y en favor de la democracia”, indica un oficio presentado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, coordinador de Morena, con la firma de los seis líderes parlamentarios.
Más temprano, información obtenida por El Financiero reveló que Partido Acción Nacional (PAN) se había ‘bajado’ de la mesa de acuerdos, hasta en tanto Morena defina “una posición clara” frente a su marcada división interna.
“En principio íbamos, pero ya Morena quiere meter otras cosas en el dictamen y por eso nos estamos ´bajando´ en lo que se definen los ´morenos´”, dijeron las fuentes consultadas.
¿Qué cambios proponía la reforma a propiedades del Tribunal Electoral?
Las modificaciones a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Carta Magna proponían que los magistrados no puedan emitir sentencias con “acciones afirmativas” en beneficio de la paridad de género, grupos vulnerables, para efectos de candidaturas, de las dirigencias y órganos de gobierno de sus fuerzas políticas.
El dictamen (que no reunió el apoyo suficiente) establecía que era facultad exclusiva al Poder Legislativo ejercer medidas afirmativas a favor de sus derechos políticos y electorales.
La propuesta también quería introducir un freno a las “injerencias” del Tribunal en la conformación de los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso, como la que se suscitó en San Lázaro, por dejar fuera a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente.
