Porque nuestro país lleva una década con altos niveles de violencia
Aunque en este momento hay tres iniciativas en el Congreso para regular el papel del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública, el Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD) considera que es necesario comenzar el retiro "gradual y permanente" de las Fuerzas Armadas de las calles del país.
El estudio Seguridad Interior: Elementos para el debate del IBD, señala que no ha funcionado el plan del gobierno federal para combatir el narcotráfico y recuperar el control de territorios que están bajo el control de grupos de la delincuencia organizada
Así, el IBD dice que no es necesaria una legislación nueva para regular el papel de las Fuerzas Armadas y, por el contrario, el país necesita una alternativa al plan para combatir el narcotráfico que inició en 2006 con la llegada a la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa y que se mantuvo en 2012 tras el triunfo priista de Enrique Peña Nieto.
¿MÁS OPERATIVOS IGUAL A MÁS HOMICIDIOS?
El análisis del IBD señala que antes de que iniciaran los operativos que incluyeron la participación del Ejército y la Marina, en 2007, los homicidios en México estaban en "mínimos históricos".
En Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas se desató una "verdadera epidemia de violencia" tras el despliegue militares con los operativos federales, señala el documento.
En 2011, se registraron 27 mil homicidios, lo que representó una tasa de 23.7 homicidios por cada cien mil habitantes. Tan solo cuatro años antes, se registraron 9 mil homicidios, con una tasa de 8.1 por cada cien mil habitantes.
LAS PROPUESTAS
En actual secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha señalado la necesidad de que se legisle para regular el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluso ha dicho que él apoya que el Ejército regrese a los cuarteles. Actualmente, en el Congreso hay tres iniciativas en esa materia: una del senador panista Roberto Gil Zuarth, una del senador perredista Miguel Barbosa y una más de los diputados del PRI Martha Tamayo y César Camacho.
Dichas iniciativas buscan hacer frente a situaciones como la infiltración de instituciones de seguridad pública por parte de la delincuencia organizada, actos violentos contras las instituciones y actos que generen la alteración de la paz pública.
El Instituto Belisario Domínguez asegura que "en estricto sentido, nuestra Constitución ya prevé los mecanismos necesarios" para regular todo ello.
DERECHOS
El IBD considera como "especialmente delicado" que dos iniciativas califiquen como "legítimo" el uso de la fuerza pública contra actos de resistencia no agresiva por parte de la población. Entre los derechos que podrían verse afectados por las iniciativas de ley que conceden facultades a las Fuerzas Armadas, están los derechos a no ser privado de la libertad o molestado sino mediante juicio y el de no ser objeto de violencia por parte de ninguna autoridad pública.
En ese sentido, el IBD señala como "contrario a lo establecido en las disposiciones constitucionales" las iniciativas presentadas que buscan facultar a las Fuerzas Armadas para investigar y perseguir delitos.
Aunque las iniciativas de ley presentadas incluyen mecanismos de control y supervisión, el IBD recomienda incluir un control parlamentario antes de que las Fuerzas Armadas intervengan, que apuntale "la cultura de rendición de cuentas propia de un orden democrático constitucional".
EL CAMINO A SEGUIR
El Instituto Belisario Domínguez plantea la necesidad de discutir la estrategia de combate al narcotráfico en un marco global. Por ello, llama a considerar reformas como la despenalización del consumo personal de drogas, para "redirigir las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad en México en contra de los delitos que mayores daños causan a nuestra sociedad", como homicidios y secuestros, entre otros.
Asimismo, el IBD señala que "al igual que en 2006, México vuelve a atravesar por la disyuntiva de mejorar su sistema de justicia o de incrementar las facultades de las autoridades militares en el país". La primera opción "involucra acciones complejas", como profesionalizar las policías locales y dotar autonomía a todas las fiscalías y procuradurías, incluida la federal.
La segunda opción, "dar sustento legal a acciones que de facto ya suceden todos los días" es más sencilla, pues solo requiere la aprobación de una reforma en la materia por el congreso. "Pero esta opción mantendría los problemas que ahora nos aquejan: elevados niveles de violencia e impunidad; falta de capacidades por parte de policías y autoridades civiles; poca o nula información para la toma de decisiones; ocurrencia de violaciones graves a derechos humanos", señala el Instituto.
Les compartimos el número 39 de la serie #TemasEstratégicos titulado "Seguridad interior: elementos para el debate". https://t.co/WW30Khh2ue pic.twitter.com/8LmLpIzRtz
— Belisario Domínguez (@IBDSenado) 13 de febrero de 2017
