La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, ha propuesto una iniciativa para contenerlas opciones y el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La iniciativa de Morena plantea una reforma que ayude a “prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Se tendría que modificar el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 constitucional, según la propuesta de la diputada morenista.
“La finalidad de este proyecto legislativo es restringir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda invalidar la Constitución, o decretar la invalidez de leyes con base en la apreciación de que alguna norma constitucional es inválida”.
“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”, expone el texto de Reyna Ascencio.
La pregunta es si la Suprema Corte puede invalidar un precepto constitucional, y la respuesta es que no, según la legisladora. Si se respondiera que sí a esta pregunta, añade, la supremacía sobre un precepto constitucional sería de la Suprema Corte y no “del pueblo”.
🔔 La Mesa Directiva tomó protesta de ley a Rocío Hernández Villanueva como diputada federal y a Arnulfo González Granados como diputado federal. https://t.co/u9iYPSbrnm
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 13, 2022
La iniciativa de Reyna Ascencio fue presentada este martes 13 de septiembre y fue turnada a comisiones.
Esta iniciativa de Morena surge luego de que este mes la Suprema Corte analizara la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, mecanismo que la ONU ha señalado que debería eliminarse pues abre paso a la tortura en México y es violatoria de derechos humanos.
Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Morena se opusieron a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, afirmando que era inconstitucional que la SCJN intentara invalidar el mecanismo.
Durante la discusión, el ministro presidente Arturo Zaldívar apuntó que debería de dejarse de aplicar la prisión preventiva oficiosa como está establecida en la Constitución pues viola los derechos humanos, como la presunción de inocencia y la libertad personal.
“El día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud y ante todo eso, ¿este Tribunal Constitucional no podría ser absolutamente nada?”, preguntó Zaldívar el pasado 6 de septiembre.
Sin embargo, dos días después, el ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto con el que planteaba inaplicar los fragmentos del artículo 19 de la Constitución en los que se plantea el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa y propuso elaborar un nuevo documento recogiendo las opiniones del resto de ministras y ministros.
Aguilar Morales sostuvo que su intención no era quitar un artículo de la constitución, por el contrario, proponía comparar al artículo 19 con el primero, donde se plantea que se deben de respetar todos los derechos humanos reconocidos por México, sin importar la fuente.
