El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, la reforma que regula la subcontratación laboral en el sector privado y en el público federal.
Tras cuatro meses de negociaciones entre gobierno, empresas y sindicatos que resultaron en un acuerdo sobre el reparto de utilidades, la noche de este martes, los diputados avalaron el dictamen con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones.
Los partidos Morena, PT, PES, PVEM, PRD y MC votaron a favor, el PAN en contra y el PRI se dividió con votos a favor, en contra y en abstención. Por su parte, el morenista Porfirio Muñoz Ledo se abstuvo.
Los legisladores aprobaron el dictamen en línea con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con los acuerdos con la Iniciativa Privada y el sector obrero.
El único cambio respecto al dictamen de las Comisiones de Hacienda y del Trabajo fue una adición de “último momento” a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Los diputados avalaron en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, el dictamen que prohíbe la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa.
Los legisladores aprobaron el dictamen con el acuerdo tripartito referente a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), que consiste en que el monto de la PTU tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
El único cambio que los diputados hicieron respecto del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo fue una adición de último momento a la Ley que rige a los trabajadores al servicio del Estado, a fin de que la regulación de la subcontratación también rija a los empleados del Gobierno federal.
Lo anterior implica que las dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal no podrán recurrir a la subcontratación, con excepción de la subcontratación de los servicios especializados.
Sin embargo, el dictamen hace una diferencia en cuanto a la entrada en vigor de la reforma para el sector privado y sector público federal, para las empresas iniciará su aplicación al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y para el Gobierno federal la vigencia será en 2022.
Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, señaló que “después de muchos jaloneos y de una iniciativa sorpresiva, se logró un acuerdo y en los acuerdos en materia laboral siempre se tiene que ceder y siempre habrá asuntos que no quedaron acordes a lo que alguna de las partes había planteado, quedan temas que ojalá se sigan reflexionando".
Manuel Fuentes, abogado laboralista y asesor sindical, sostuvo que “la reforma no deja satisfechos a todos los sectores, finalmente no desaparece la subcontratación, la idea original de desaparecer el outsourcing no resultó posible, por un lado la permite y por otro la legitima, es un escenario complicado y la redacción de la reforma sigue permitiendo evasiones de la Ley".
En la reforma también se prevé que el monto de la participación de utilidades tenga como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
