Porque los legisladores están dejando pendientes temas cruciales en seguridad
“El ejército no está a gusto persiguiendo delincuentes, no es obligación de los militares patrullar las calles de todo el territorio nacional, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, dijo Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 8 de diciembre de 2016.
Ese “manotazo” sirvió para que el tema de la Ley de Seguridad Interior regresara al debate en el Congreso, donde desde hace 8 meses, los legisladores han intentado crear un documento que regule a las Fuerzas Armadas, uno de los grandes pendientes que la 63 Legislatura se comprometió a resolver.
Pero la lista de iniciativas en espera que tiene el Congreso es amplia, pues hasta este 8 de agosto tenían aprobadas 452 iniciativas en la Cámara de Diputados y 47 en el Senado.
En total, en ambas Cámaras durante los dos años de la 63 legislatura, se han presentado 4,991 iniciativas, de las cuales solo se han aprobado 499.
En el tintero también quedó el nombramiento del fiscal anticorrupción, una de las piezas clave para que quede totalmente integrado el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta tarea estaba a cargo de los senadores quienes no se pusieron de acuerdo para designar al funcionario encargado de revisar los expedientes de casos de corrupción como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso e investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Sin el fiscal, los temas de malversación de fondos, delitos de peculado o tráfico de influencias se tendrán que resolver con la legislación anterior.
Segunda vuelta electoral es otro de los pendientes que deja el Congreso. La Comisión permanente solicitó que se realizara un periodo extraordinario para analizar varias iniciativas en la materia promovidas por los grupos parlamentarios del PAN, PRD y el senador independiente Armando Ríos Piter.
La propuesta sobre la segunda vuelta considera que, si ningún candidato en la elección presidencial obtiene el 50% más uno de los votos, entonces se realizará una segunda elección, pero solo entre los dos aspirantes que hayan obtenido el mayor número de sufragios.
El tema de la reducción del Congreso tampoco llegó a buen puerto pues aunque los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano enviaron varias iniciativas para reducir el número de legisladores, todas están en la congeladora.
Las propuestas incluyen reducir el número de diputados y senadores plurinominales para tener un Congreso más compacto y austero.
Sobre la elección del Fiscal General de la República, el Senado dejó pendiente la propuesta del Ejecutivo Federal que eliminaba el “pase automático” de Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía General.
Respecto a las iniciativas que envío el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados logró aprobar 26 de 29 propuestas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
La única iniciativa rechazada fue la de regular matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel federal.
Mientras que las dos que están pendientes son modificaciones a la Ley General de Salud para mejorar los servicios en hospitales públicos y modificaciones al código civil para establecer como derecho de las personas solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género.
Así como sustituir el término "marido y mujer" por el de "cónyuges" y modificar el procedimiento de divorcio, mismo que podrá ser solicitado por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de señalar alguna causa.
En el Senado aprobaron 8 de las 13 iniciativas que envío el Ejecutivo Federal entre las que destacan la Ley General de Educación, las leyes secundarias para prevenir y erradicar la tortura, la legislación sobre justicia laboral y cotidiana.
PRIORIDAD, PERO CON CALMA
De enero a junio del 2017 se han registrado 12 mil 155 homicidios, 30% más que en el mismo periodo del 2016, de acuerdo al Semáforo Delictivo.
Además, en casos como los de Tlatlaya o Palmarito, donde militares se han visto envueltos en ejecuciones extraoficiales, se ha puesto sobre la mesa el tema de violación de derechos humanos por parte del Ejército.
Sin embargo, y pese a tener varias iniciativas en la materia, los senadores y diputados aún no se ponen de acuerdo para conformar un dictamen.
“El tema amerita un estudio sereno, cada punto, cada coma tiene una implicación en materia de garantías individuales en el ámbito constitucional y legal; no es sencillo encontrar la redacción que deje a todos satisfechos y es una tarea que no se hará con prisas ni bajo presiones”, explicó en entrevista para Nación321 el diputado Jorge Ramos, quien preside la Comisión de Seguridad.
El objetivo de dicha legislación es regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, definir sus tareas y evitar que existan abusos a los derechos humanos.
La ley estará basada en 6 iniciativas: dos del PAN, propuestas por el diputado Jorge Ramos y el senador Roberto Gil Zuarth; una del senador Miguel Barbosa, que originalmente la presentó a nombre del PRD; la del PRI, propuesta por los diputados César Camacho y Martha Tamayo; una del diputado Manuel Espino y otra del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados.
Ramos adelantó que el anteproyecto, el cual podría ser revisado antes de iniciar el periodo de sesiones, este 1 de septiembre, contempla tres ejes: Protección a los derechos humanos, que las fuerzas armadas no puedan permanecer más de un año asumiendo funciones de seguridad pública y establecer la forma en que van a intervenir los militares en las tareas de seguridad.
El diputado dijo que se debe lograr un equilibro para evitar que los estados y municipios quieran utilizar al Ejército ante cualquier problema de seguridad que no puedan resolver.
El diputado del PRD y presidente de la Comisión Bicameral de seguridad, Waldo Fernández, explicó que la Ley de seguridad interior tiene que dar certeza a los ciudadanos de que no se hará uso indebido de las Fuerzas Armadas, en qué momento el Ejército se hará cargo de las tareas de seguridad y delimitar claramente el significado de seguridad interior, concepto que no está definido en ninguna ley.
“El asunto está politizado, algunos quieren sacar raja política y al final de cuentas provocan retrasos, llevamos años posponiendo el tema porque solo piensan en la siguiente elección”, dijo.
¿Pero la aprobación de esta legislación es la respuesta a los problemas de seguridad? No, al menos no en su totalidad, explicó Ramos.
“Por muy buena que sea la ley, ésta no sustituye la problemática de raíz, que es la corrupción en los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como la incapacidad de respuesta que tienen los municipios y los estados en términos de capacitación, preparación, infraestructura y equipamiento para responder al crimen organizado”, dijo el diputado del PAN.
En esto coincide Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, quien en los últimos años se ha dedicado a llevar la cuenta de los delitos de alto impacto que se cometen en territorio nacional.
“Llevamos diez años pretendiendo que el Ejército le haga al policía, este es un planteamiento equivocado porque las Fuerzas Armadas deben ser para emergencias”.
El especialista dijo que las iniciativas sobre seguridad interior tienen cosas interesantes, pero solo regulan un estado de emergencia, una excepción y no se ataca el problema de fondo.
“La oferta de droga no se combate frontalmente con policías y Ejército, se combate con leyes económicas y con la legalización de las drogas”, consideró Roel.
MANDO MIXTO
No se puede hablar de una Ley de Seguridad Interior sin mencionar otro de los grandes pendientes de esta legislatura: el mando policial mixto.
Esta legislación permitirá que la centralización del mando municipal en los gobiernos estatales, o de los estatales en la federación, obedezca a razones excepcionales y no se constituya en una regla que desincentive el cumplimiento de las obligaciones de estados y municipios.
También se establece que se dotarán las herramientas necesarias para la profesionalización de los cuerpos policiacos, la creación de un Sistema Nacional de Seguridad y etiquetar un presupuesto acorde a las necesidades en materia de seguridad.
El Sistema Nacional de Seguridad estará integrado por 5 expertos ciudadanos que van a estar atentos a la política pública de seguridad.
Otro punto que quedó en el dictamen es que habrá reglas claras para la selección, ingreso, formación, desarrollo, capacitación permanente, promoción, estímulos, reconocimientos y disciplina para los integrantes de las instituciones policiales de todos los órdenes de gobierno.
El dictamen ya está en las comisiones de Seguridad y Puntos constitucionales y planea votarse durante los primeros días de septiembre, una vez iniciado el periodo ordinario.
