Porque no se ha resuelto la investigación sobre el atentado contra Citlalli Hernández
En los últimos dos años, Mauricio Farah Gebara, secretario general de Servicios Administrativos del Senado, ha otorgado contratos sin licitación a la empresa Grupo IDSEC SAPI de CV por un monto total de 134 millones 680 mil 640 pesos, para el servicio de cámaras de videovigilancia en la Cámara de Diputados y el Senado.
Con el argumento de que la adquisición de estos equipos se realizan con adjudicación directa por razones de seguridad, el funcionario ha mantenido una relación de opacidad con esta empresa, luego de otorgarle, sin licitación de por medio, un contrato por 133 millones 400 mil pesos para la adquisición de 600 cámaras de seguridad en el Senado.
Lo que llama la atención es que la firma del contrato de la Cámara alta con esa empresa se resolvió en dos días, ya que se concretó el sábado 1 de junio, mientras que el supuesto estallido de un paquete bomba en la oficina de la senadora morenista Citlalli Hernández –hecho que por cierto no ha sido esclarecido– fue el pasado 29 de mayo.
Y es que la adquisición de estos equipos de seguridad en el Senado se dio luego de la instrucción del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta y coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, de “endurecer las medidas de seguridad” en ese recinto tras el supuesto atentado contra la legisladora morenista.
El año pasado, en ese mismo esquema de adjudicaciones directas, Farah Gebara, entonces secretario general de Servicios Administrativos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, empujó la propuesta para otorgar a esa compañía un contrato por 1 millón 280 mil 640 pesos para el “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al servicio cerrado de televisión (Tecnología IP)” en la Cámara baja.
En ambos casos, la justificación para realizar estas adjudicaciones directas ha sido las respectivas Normas de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que establecen que se tratan de “casos de excepción a la licitación pública nacional a través del procedimiento de adjudicación directa”.
Pero, además, que son “servicios que se traducen en necesarios en la salvaguarda de la integridad de los bienes y personas” que laboran y acuden a esos recintos.
El contrato que firmó el Senado el 1 de junio con Grupo IDSEC SAPI de CV, establece servicios durante cinco años, por los cuales la Cámara alta pagó 30% de anticipo, con lo que se puso en operación un nuevo sistema de vigilancia en el recinto de Paseo de la Reforma.
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