Porque estas llamadas se utilizaron como una campaña para desprestigiar a AMLO durante el periodo de campañas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las compañías Telcel y AT&T entregar al Instituto Nacional Electoral (INE), en un plazo de 72 horas, nombres y direcciones de los dueños de los números desde donde se hicieron las robollamadas contra Andrés Manuel López Obrador.
Y es que un par de semanas antes de las elecciones del 1 de julio, usuarios de redes sociales denunciaron haber recibido llamadas disfrazadas de encuestas, las cuales presuntamente eran contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Superior determinó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tiene las facultades para solicitar dicha información, sin que medie una orden judicial, por lo que determinó respaldar dicha solicitud, pues originalmente fue rechazada por las empresas telefónicas.
Los magistrados electorales resolvieron los cinco recursos de apelación que presentaron las compañías contra las sanciones impuestas por la Unidad Técnica para que entreguen los datos solicitados como parte de las investigaciones, tras una denuncia que Morena hizo contra el PRI y el PAN por supuestas infracciones consistentes en encuestas telefónicas en agravio de López Obrador.
El proyecto de resolución que presentó el magistrado Indalfer Infante Gonzales, avalado por unanimidad, revocó las sanciones impuestas, pues consideró que Radiomóvil DIPSA y AT&T no estaban seguras de sus obligaciones y basaron su negativa a entregar la información al INE en el temor fundado de violar la confidencialidad de los usuarios del servicio.
Sin embargo, el magistrado ponente puntualizó: “La Unidad Técnica (del INE) está facultada para solicitar la información materia del requerimiento, en este caso nombre y domicilio de los titulares de las líneas telefónicas, y las ahora apelantes están obligadas a transferir tales datos personales, por ser necesarios para la substanciación de un procedimiento de orden público, como lo es el especial sancionador”.
La magistrada presidenta Janine Otálora Malassis subrayó que “la autoridad administrativa lo que pretende es contar con elementos que le permitan encontrar, en caso de que este exista, un vínculo de responsabilidad entre los partidos políticos y las infracciones denunciadas”, relacionadas a las encuestas telefónicas.
Indicó que el INE también tendrá la obligación, a través de dicha Unidad Técnica, de preservar y cuidar los datos personales que le serán remitidos.
