Porque este caso dará de qué hablar en las campañas presidenciales
El caso de Ricardo Anaya y su venta de una nave industrial en 2016 tiene un nuevo capítulo.
El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que tenía abierta una carpeta de investigación por el delito de lavado de dinero, en la que se relaciona al aspirante presidencial.
Ahora, la misma PGR investiga un inusual movimiento en la empresa que compró la nave, de acuerdo con una nota del diario español El País.
Y es que el notario que supuestamente autorizó un cambio en la compañía que le compró la nave industrial a Ricardo Anaya, dice que se falsificó su firma para poder hacer posible la transacción.
Este notario le dijo la semana pasada a la PGR que no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por falsificación de identidad, señaló El País.
LA HISTORIA
De acuerdo con el abogado Joaquín Xamán McGregor, en 2016 y 2017, dos de sus clientes (Alberto y Daniel) fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro, para llevar a cabo esta operación.
Según la versión de Xamán McGregor, el objetivo era realizar un “entramado financiero” que hiciera llegar dinero a Ricardo Anaya a través de una triangulación de dinero en paraísos fiscales.
México necesita un proyecto con visión de futuro, que le brinde igualdad de oportunidades a la gente y garantice su bienestar. Con claridad de objetivos, ¡vamos al Frente! pic.twitter.com/LPNOtkxQtC
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 10 de marzo de 2018
De acuerdo con el abogado, Anaya Cortés simuló la venta de una nave industrial de la empresa Uniserra SA de CV a la empresa Manhattan Masterplant Development por aproximadamente 54 millones de pesos.
"La empresa (Manhattan Masterplant Development) se constituyó en julio de 2016 para la compra de la nave industrial, según el relato de los abogados que colaboran con la justicia a cambio de beneficios. El pasado 16 de febrero, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) declaró como 'empresa fantasma definitiva' a la compañía. En un primer momento, los socios eran Luis Alberto López y María Amada Ramírez Vega. Según Daniel se trataba de hombres de confianza de Manuel Barreiro, que ejercían de prestanombres", detalla El País.
El diario español refiere que Daniel, al darse cuenta que los socios de Manhattan Masterplant Development no eran los indicados para la compra de una nave industrial, sugirió al empresario Barreiro un cambio de dueños “para poner a alguien que tuviera congruencia”.
Fue entonces que Barreiro propuso a Juan Carlos Reyes como nuevo socio de la empresa y así poder realizar la compra de la nave industrial de Anaya.
El cambio societario se realizó de forma retroactiva. En su declaración ante la PGR, Daniel explica que elaboró “un acta de asamblea que tenía que tener una fecha anterior a la compra, que se materializó el 25 de agosto de 2016, por lo que la señalé con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual Juan Carlos Reyes compraba una parte social con el valor del 99% del capital para que así diera la impresión de que él era el dueño desde antes de la compraventa”, señala El País.
LA FALSIFICACIÓN
El operador de la red de triangulación de recursos explicó en su declaración a la PGR que pidió copias certificadas en una notaría de Zapopan, Jalisco.
Salvador Cosío, el notario que supuestamente firmó esos documentos, negó la pasada semana ante la PGR haberlo hecho. En su declaración, Cosío asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, según el testimonio de Daniel, trabajaba en esa notaría.
“No se trata de mi firma”, afirma Cosío, de acuerdo con El País; el notario también señala que los documentos no contienen algunas características que acostumbra a tener su forma de proceder.
Después de no reconocer su firma en tres documentos, Cosío formuló una querella por falsificación de los mismos.
El País destacó que Anaya admite que sabía del cambio accionarial, pero no las supuestas deficiencias.
El candidato presidencial asegura que no tiene ninguna responsabilidad en la anomalía.
