La tarde del 5 octubre de 2022, el luto empañó a San Miguel Totolapan, un municipio de la región de la Tierra Caliente de Guerrero. Entonces, una decena de hombres fuertemente armados ingresaron de manera violenta a las instalaciones del ayuntamiento, donde asesinaron a varias personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el exalcalde Juan Mendoza.
La brutal violencia no paró ahí y además ocasionó un ataque simultáneo en otro punto de San Miguel. Al final, el saldo fue de 20 personas asesinadas, varios niños huérfanos y muchos padres de familia sin sus hijos. San Miguel murió un poco ese día.
Ese no es el único episodio de violencia al que se han enfrentado gobernantes locales, aunque quizá sí uno de los más brutales de la época actual. De acuerdo con la consultora Etellekt, sólo de diciembre de 2018 a junio de 2022, última fecha de análisis, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador habían sido asesinados 59 ediles propietarios (entre alcaldes, regidores y síndicos), una incidencia 20% superior en comparación con lo registrado en todo el sexenio de Felipe Calderón.
Además, el análisis de Etellekt destaca que las agresiones mortales han tenido mayor incidencia en medio de procesos electorales, donde son atacados por igual políticos con cargo y candidatos. Por otro lado, la presencia del crimen en las entidades es sin duda un factor determinante.
Por ejemplo, los crímenes de San Miguel Totolapan se le adjudicaron a un grupo criminal local llamado Los Tequileros, quienes infundieron un miedo tan grande, que tras la masacre los pobladores prefirieron no salir de casa hasta los funerales, en los que siempre estuvieron reunidos en grupo.
En tanto, de forma reciente, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, de cara a las elecciones del 2024, su gobierno planea un mecanismo de protección para candidatos y candidatas; en ese sentido indicó que a las virtuales candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum les ofreció ser protegidas por el Ejército Mexicano.
#AlMomento 🚨 El presidente López Obrador señala que se está trabajando en un plan de protección para candidatos en las #Elecciones2024; adelanta que ya la @SEDENAmx le hizo un planteamiento a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum para otorgarles protección pic.twitter.com/M4mKFd6CSV
— Nación321 (@Nacion321) September 25, 2023
El temor que viven políticos de algunas zonas está justificado. Por ejemplo, en Tijuana, Baja California, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, decidió hace unos meses cambiar de domicilio por seguridad y ahora habita en una casa militar, en el 28 Batallón de Infantería.
La decisión la tomó ante amenazas de grupos criminales y luego de que el 17 de mayo pasado uno de sus guardaespaldas fue atacado cuando manejaba el vehículo.
De acuerdo con Etellekt, entre enero del año 2000 y junio de 2022, habían sido asesinados en México 226 funcionarios municipales, de ellos 94 eran alcaldes, 100 regidores y 32 síndicos.
Para el último año de análisis (2022), los estados con más agresiones son Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, y Sonora.
La alcaldesa morenista de Tijuana Monserrat Caballero le cuenta a la prensa local sobre cómo le explicó a su hijo los por qué de la mudanza a un cuartel militar tras las amenazas del crimen organizado.
— Carlos Torres (@CarlosTorresF_) June 28, 2023
¿Cuántas familias desplazadas por el crimen tienen esas ventajas? pic.twitter.com/FvrJcW4FkB
La edil de Tijuana no es la única que ha estado bajo amenazas, el reciente caso de la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, ha puesto nuevamente el dedo en la llaga, de una problemática que no se resuelve.
Yolanda Sánchez fue privada de su libertad hace unos días y aunque hoy se desconoce su paradero, ahora se reveló que sí recibió amenazas de muerte de manera previa e incluso por ello solicitó, en abril pasado, una licencia al Cabildo municipal para separase del cargo temporalmente.
Le fueron otorgados 60 días de licencia, sin goce de sueldo, sin embargo, la presidenta municipal sólo se ausentó 20 días y regresó. Antes de su desaparición, la funcionaria argumentó también que se ausentaría unos días para atender un tema de salud, que no era grave.
Anteriormente el secretario general del PAN en Michoacán, explicó que la alcaldesa le contó que se sentía "un poco agobiada por la presencia de grupos del crimen organizado".
