Previo a la sesión de pleno del Tribunal Superior de Justicia realizada el 6 de enero, la magistrada Cecilia Verónica López González fue víctima de un ataque armado a la fachada de su domicilio, mientras que sus compañeros Martha Sánchez Osorio, cuñada del Fiscal General de Justicia, y Arturo Loza Flores, denunciaron haber recibido mensajes de amenazas a través de sus teléfonos celulares.
Durante la sesión, las magistradas y el magistrado, expusieron públicamente los delitos de los cuales son víctimas. La sesión no fue transmitida en vivo a través de las redes sociales del Poder Judicial; aunque no es una obligación, explicaron magistrados consultados, debe difundirse porque debe cumplirse el principio básico de la administración de justicia como lo es la publicidad y transparencia.
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La magistrada Cecilia Verónica López González presentó la denuncia ante la autoridad ministerial; la fachada de su domicilio presenta dos orificios producidos por impacto de proyectiles de arma de fuego aunque las detonaciones que se escucharon fueron seis.
Se sabe que dos personas llegaron en una motocicleta, el tripulante bajó de la misma para accionar su arma en contra del domicilio.
El magistrado presidente Jorge Gamboa Olea comprometió informar sobre esta situación a la Gobernadora Margarita González Saravia para que se proteja a los juzgadores.
Estos hechos se generan en medio de la disputa que mantiene el Magistrado Presidente por mantenerse sin contar con el apoyo de la mayoría de sus pares; actualmente se mantiene en la posición al haber logrado el amparo de la justicia federal para evitar la reanudación de la sesión en donde debe votarse su permanencia y en su caso designación de un nuevo responsable de ese Poder.
Otro antecedente es el caso de los magistrados integrantes de la Sala Tercera con sede en Cuatla, entre ellos Cecilia Verónica López, quienes determinaron dejar en libertad a dos varones sentenciados a 75 años de prisión involucrados en un triple homicidio. El argumento de los juzgadores se basó en una jurisprudencia que dejó sin valor probatorio el testimonio de un policía ministerial ante la ausencia del testigo principal en el juicio.
El fallo unánime de los tres magistrados propició múltiples críticas entre ellas las de la gobernadora del estado Margarita González Saravia, quien refirió que era necesario evitar la “puerta giratoria” en el Poder Judicial a favor de delincuentes; así como del secretario de Seguridad Pública y del Fiscal General de Justicia, quienes aclararon que carecían de facultades para recurrir la decisión judicial.