La amenaza de deportar a miles de personas a la frontera norte de México hecha por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, provocó que el Gobierno de Tijuana aprobara por unanimidad una declaratoria de emergencia en la ciudad.
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Fue en una sesión de cabildo celebrada el pasado lunes 13 de enero de 2025, cuando se acordaron distintos puntos para garantizar que la comunidad migrante cuente con condiciones dignas a su arribo, respeto a sus derechos humanos, así como brindarles el apoyo para retornar a sus lugares de origen.
Para albergar a las decenas de deportados, la administración local arrendó una nave industrial en el Parque Nordika, donde se tiene contemplado recibir hasta 5 mil personas.
“No queremos que nos suceda como ha sucedido en administraciones pasadas, recuerdo la Caravana del 2018 donde antes que entrara a gobernar nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, llegó una caravana migrante que la autoridad municipal le tuvo que entrar y todas las autoridades y habitaron espacios públicos donde gente se quedó sin poder utilizarlos, hoy estamos evitando esa situación”, manifestó el presidente de Tijuana.
Durante la anterior gestión municipal de Montserrat Caballero Ramírez, también se hicieron uso de espacios públicos como la Unidad Deportiva Reforma, donde se recibió a comunidad centroamericana, del caribe y otras partes del mundo.
En cuanto a cómo se podrán sostener las acciones a implementar para recibir a la comunidad migrante, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, refirió que serán posibles a que existe una cooperación presupuestal entre Gobierno Federal, Estatal y Municipal, añadiendo que se realizarán ajustes en Tesorería.
Lo que se busca con esta declaratoria de emergencia es crear una coordinación con los tres órdenes de gobierno para generar con acciones preventivas y no padecer situaciones que se puedan salir de control ante esta posible llegada deportados de Estados Unidos.
Por último, se hizo énfasis en que el Gobierno Federal generó políticas para salvaguardar los derechos de los mexicanos en el extranjero y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en todo el territorio nacional, a las cuales Tijuana se suma mediante la aprobación de esta declaratoria de emergencia.
Por otro lado, los albergues sostenidos por asociaciones civiles y cultos religiosos han sido históricamente los que han recibido a los migrantes deportados o que buscan llegar a Estados Unidos.
En ese sentido, José María García Lara, director del albergue migrante Movimiento Juventud 2000, advirtió en días pasados, en rueda de prensa, que existe la posibilidad de que haya caos en la ciudad y en el resto de los Estados de la frontera norte de México si se confirma la deportación masiva.
“Se convertiría en un tema muy complejo, de lo cual se vería más reflejado en los lugares de atención que son los albergues de la ciudad”, consideró el también activista.