El nombre de Uriel Carmona Gándara de nuevo está en el ojo público, ya que este jueves 6 de febrero de 2025, el Congreso de Morelos aprobó sus destitución como fiscal general del estado, luego de este pidió el desafuero de Cuauhtémoc Blanco como diputado federal de Morena con la finalidad de abrir un proceso en su contra por el presunto delito de violación en grado de tentativa.
Sin embargo, este no ha sido el único caso que Carmona Gándara, pues ya ha tenido roces y polémicas con integrantes de la Cuarta Transformación, entre ellas, la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, enfrentó acusaciones de encubrir un feminicidio, tortura y hasta estuvo recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.
En Nación321 te damos un recuento.
LOS PLEITOS ENTRE URIEL CARMONA Y CUAUHTÉMOC BLANCO
Uno más controversiales de la gestión de Carmona Gándara fue su relación con el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues a lo largo de su mandato surgieron múltiples tensiones entre ambos.
Uno los momentos más conflictivos en agosto de 2021, cuando Blanco acusó a la Fiscalía General de Morelos de tener archivadas investigaciones por corrupción en contra de exservidores públicos del sexenio de Graco Ramírez y en contra del propio exmandatario.
En ese entonces, Carmona Gándara señaló a Cuauhtémoc Blanco de estar tras de las denuncias de la FGR para poder quitarlo de la Fiscalía e integrar a alguien afín al exfutbolista.
La relación entre ambos se tensó aún más durante las investigaciones sobre la seguridad en el estado, en las que Carmona Gándara y Blanco Bravo tuvieron diferencias sobre las estrategias para combatir el crimen.
A inicios de 2022, en distintos municipios de Morelos colocaron narcomantas en las que se señalaba al exgobernador de tener vínculos con el crimen organizado.
En abril de este año, la Fiscalía estatal anunció que tenía una carpeta de investigación abierta para averiguar los vínculos entre el mandatario y líderes criminales.
EL CASO DE ARIADNA FERNANDA
Quizá el episodio que generó más tensión entre Uriel Carmona y la 4T fue el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, ocurrido en 2022.
Luego de que el cuerpo de la joven fue hallado sobre la carretera La Pera-Cuautla, la Fiscalía General de Justicia de Morelos fue acusada de encubrir el caso, lo que atrajo críticas tanto de la sociedad civil, como de Claudia Sheinbaum, quien fungía como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces.
Sheinbaum Pardo acusó directamente a Carmona Gándara de proteger a los responsables del feminicidio de Ariadna, lo que generó más roces con el fiscal.
También, la exfiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, atrajo el caso bajo el argumento de que las condiciones en las que se encontraron a la joven no correspondían con los dictado por la Fiscalía de Morelos, quien había asegurado que Ariadna Fernanda miró por una congestión alcohólica.
A pesar de que en abril de 2024 el Poder Judicial de la Ciudad de México cerró la causa en contra de Uriel Gándara por falta de pruebas, la controversia persiste.
URIEL CARMONA DETENIDO Y ENCARCELADO
El 4 de agosto de 2023, elementos de la Marina y agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron al entonces fiscal en su casa de Cuernavaca, luego de que saliera para entregarse a las autoridades, tras nueve horas de estar resguardado.
Carmona Gándara fue acusado de entorpecer la investigación en el feminicidio de Ariadna Fernanda, pero el 22 de septiembre de ese año recuperó su libertad.
Sin embargo, Carmona atravesó por un proceso muy engorroso, pues fue excarcelado y reaprehendido en tres ocasiones por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, feminicidio en calidad de auxiliador y por el delito de tortura.
El 1 de septiembre, un Tribunal Federal ordenó la libertad de Carmona Gándara para que continuara su proceso en libertad por los delitos contra la procuración y administración de justicia.
No obstante, este gusto le duró poco al fiscal, ya que al salir del Reclusorio Sur, se le cumplimentó una nueva orden de captura por el delito de encubrimiento por receptación.
El 11 de septiembre un Tribunal Federal volvió a ordenar a un juez de control de Ciudad de México la liberación de Uriel Carmona por la causa penal de encubrimiento por favorecimiento, pero fue entonces cuando se le ejecutó una tercera orden de aprehensión por el delito de feminicidio en calidad de “auxiliador”, lo que lo llevó al penal del Altiplano.
El 13 de septiembre, Carmona estaba por cruzar la puerta de salida del Altiplano tras conseguir un amparo, pero agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ya lo esperaban para detenerlo por el presunto delito de tortura y uso excesivo de la fuerza pública contra Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias ‘El Diablo’.
El 21 de septiembre de 2023, un Tribunal Colegiado de Morelos declaró fundada la queja que presentó su defensa, por lo que determinó que una jueza local violó su fuero constitucional al acusarlo de tortura, por lo que se dictó su libertad por esa acusación.
El 22 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó la sentencia que establece que Carmona Gándara no puede ser acusado por delitos federales sin pasar por un proceso previo de desafuero ante la Cámara de Diputados.
DESAFUERO PEDIDO POR LA FGR
En diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso local de Morelos desaforar a Carmona Gándara para procesarlo por delitos federales previstos en el Código Penal Federal y en la Ley General que establece las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La FGR lo señaló por no haber acreditado exámenes de control y confianza para el puesto de fiscal.
En este sentido, el funcionario acusó tintes políticos detrás de la investigación, pues dijo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no podía procesarlo, pues se le señaló por temas administrativos, en referencia a la acreditación, y no por crimen organizado.
Gándara aseguró que sí aprobó los exámenes, pero se negó a mostrarlos bajo el argumento de que eran documentos confidenciales.
Una vez turnado el tema, el Congreso determinó que el Fiscal no tenía la inmunidad procesal contemplada en el artículo 111 de la Constitución, por lo que desechó la solicitud de desafuero.