Al incumplir con la indemnización a las familias de las víctimas fallecidas y lesionadas en el incendio del Centro de Detención del Instituto Nacional de Migración (INM) registrado en 2023, se le debe revocar la liberación al comisionado Francisco Garduño, afirmó el abogado Jorge Vázquez Campbell.
Destacó que “a dos años de la tragedia migrante en Ciudad Juárez no hay justicia para las víctimas, persiste la impunidad”.
Es urgente, expresó, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establezca recomendaciones al Gobierno de México sobre su actuar respecto a la tragedia en la que murieron 40 migrantes y 27 más resultaron con lesiones.
Vázquez Campbell manifestó que a su cliente Jeison Daniel C. R., de origen Venezolano, se le entregó un cheque por 3.5 millones de pesos como reparación del daño, pero es incobrable.
Detalló que el documento le fue entregado el pasado 7 de febrero de 2025, pero el cheque tenía fecha del 7 de febrero de 2024, en otras palabras ya se encuentra vencido.
“Para poder cobrar ese cheque de caja, los migrantes deben tener una cuenta en territorio mexicano y pues nadie cuenta con ella”, apuntó.
En otras palabras, dijo, solamente hicieron el movimiento administrativo para que el juez de la causa modificara el estatus legal del comisionado Garduño Yañez.
Por tal motivo, el abogado Jorge Vázquez exigió que se revoque la liberación a Francisco Garduño, quien tampoco ha solicitado la disculpa pública como estableció la autoridad judicial.
A dos años de la tragedia que cobró la vida de 40 migrantes y provocó lesiones a 27 personas en movilidad en Ciudad Juárez persiste la impunidad, denunciaron las víctimas.
Hasta la fecha, no se ha logrado indemnizar a todas las víctimas y sus familias, dejando a muchos en una situación de incertidumbre y dolor, apuntó Vázquez Campbell.
Tras el incendio registrado el pasado 27 de marzo de 2023, el Gobierno Federal reportó que ha cubierto el pago a 35 familias de las víctimas mortales, que incluyen a migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que falta localizar a algunas familias venezolanas, lo que impide que se complete el proceso de indemnización.
