En medio de una confrontación política por quién se quedará al frente del gobierno de Nuevo León, una vez que entre en vigor la licencia de Samuel García, este miércoles trabajadores de organismos que dependen de la Secretaria de Finanzas estatal se quedaron sin sueldo.
Se trata de unos siete mil empleados de la Fiscalía General de Justicia, el Congreso del estado, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros, a quienes no se les pagó como ocurría cada quincena.
"No nos pagaron, en serio, entendemos los pleitos que traen entre ellos, pero nosotros que culpa tenemos", dijo de forma anónima un trabajador.
A través de un comunicado firmado por los organismos, los afectados acusaron al gobernador Samuel García de haber instruido a la Secretaría de Finanzas a frenar el pago de los trabajadores, en un acto de revancha política.
"Las instituciones aquí representadas hacemos de su conocimiento que en un acto sin precedentes el gobierno del Estado de Nuevo León por instrucciones de Samuel García Sepúlveda detuvo el depósito de los recursos económicos necesarios para el pago de la nómina correspondiente a la primera quincena de noviembre del presente año afectando con esta decisión a más de 7 mil empleados", indica el documento.
El escrito fue firmado por el magistrado Alberto Ortega, encargo del despacho del Tribunal Superior de Justicia; Pedro Arce, de la Fiscalía General de Justicia; Jorge Galván, auditor General del Estado; Mauro Guerra, presidente del Congreso local.
También por María Teresa Treviño, del Instituto de Transparencia y Susana Méndez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
"Lamentamos profundamente que con esta decisión de revancha política se vean afectadas miles de familias de padres y madres servidoras públicas que como toda persona trabajadora dependen de su salario para llevar el sustento a sus hogares y sacar adelante a sus hijos e hijas", se agrega en el comunicado.
Además exigieron a García Sepúlveda que, a través de la Secretaría de Finanzas cumpla con el depósito correspondiente en calidad de urgente.
Por su parte el gobernador de Nuevo León descartó que se trate de pugnas políticas y dijo que cuentan con un plazo de cinco días para realizar el pago.
Esto ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) tumbó los nombramientos de Javier Navarro y Arturo Salinas y determinó que el Congreso deberá llevar a cabo el nombramiento de un gobernador interino cuando entró en vigor la licencia de Samuel García.
En respuesta Salinas dijo que acatará la determinación, pero el gobierno de Nuevo León publicó un decreto con un amparo que supuestamente avala el nombramiento de Javier Navarro.
