CHIHUAHUA.- En una carta abierta distribuida por su equipo de abogados, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, exigió a las autoridades judiciales celeridad al proceso penal que se sigue en su contra, pues a días de cumplir 3 años privado de su libertad, afirmó, se ha convertido en un “botín político, para un muy cuestionable interés político”.
Acusó además que el poder Judicial de Chihuahua, le ha negado solicitudes legalmente fundadas, al resolverlas en su contra de manera automática, para que los juzgados federales resuelvan y así postergar las resoluciones.
“Se utiliza a los juzgados federales para dilatar las resoluciones y han transformado el juicio de amparo en un medio de control constitucional”, señala en el texto, en el que da a conocer que cumplió 1,000 días privado de su libertad.
“¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que en ningún caso una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria por más de dos años?”, cuestionó el exmandatario chihuahuense en la misiva.
Duarte fue el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, acusado por el gobierno de su sucesor, el panista Javier Corral, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ante el presunto desvío de 96 millones de pesos del erario de Chihuahua.
El 2 de junio de 2022 fue extraditado al país e internado en el Centro de Reinserción Social de San Guillermo, que se ubica en la zona conurbada de la capital del estado, donde permanece hasta la fecha.
El también expresidente de la Cámara de Diputados, agrega en el documento que tampoco se quieren hacer responsables de los bienes que le aseguraron durante el quinquenio corralista, que fueron objeto de un juicio de extinción de dominio que concluyó conforme a derecho, al demostrar que fueron adquiridos antes de su gestión como gobernador.
Bienes que posteriormente le volvieron a asegurar, y que ahora presentan daños y faltantes, de lo que acusó a los funcionarios públicos que los tienen bajo su resguardo.
Subraya que la Fiscalía estatal, ha otorgado “ilegal inmunidad” a exfuncionarios que fueron debidamente acusados por simular pruebas y falsear declaraciones, pues las carpetas de investigación que se abrieron en su contra, hoy están desaparecidas.
Mencionó además la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en casos similares al suyo ha reconocido ha reconocido afectaciones a los demandantes, pero en su caso no ha emitido la recomendación conducente.
