Gracias a un acuerdo judicial, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, preso en una cárcel de Miami, Florida, recuperó 10 de las propiedades que le fueron aseguradas, como parte de un juicio de extinción de dominio que la Fiscalía estatal (FGE) llevaba en su contra.
Dicho acuerdo se concretó el pasado 3 de septiembre, a solicitud expresa de Humberto Chácez Meléndez, director de Extinción de Dominio, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía, hecha al juez Octavo de Distrito del Estado.
Entre las propiedades que recuperará César Duarte se encuentra el rancho El Saucito, un predio de 4 mil 300 hectáreas que se encuentra en el municipio de Balleza en el que son criadas más de mil cabezas de ganado.
También se encuentran los ranchos El Aranjuez, que se ubica en Parral y tiene una superficie de 35 hectáreas; los predios La Mesa, de 511 hectáreas; Mesa de Las Ajuntas, con una superficie de mil 95 hectáreas y Rancho de En medio de 551 hectáreas, todo en Balleza.
Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal del exmandatario estatal, informó que Duarte hizo la petición por medio de escrito presentado el pasado 2 de septiembre, en el que solicitó el levantamiento de la medida cautelar de aseguramiento.
El abogado explicó que esto da fin al que consideró era un juicio irracional en contra de los bienes de César Duarte, en el cual los funcionarios de la propia Fiscalía evitaron por medio de una solicitud al juzgado hacerse responsables de mayores violaciones al debido proceso.
Destacó que con este juicio, el Estado intentó ilegalmente despojar a Duarte de 10 bienes inmuebles, que afirmó, fueron adquiridos como el fruto de su trabajo antes de ser gobernador.
Además del levantamiento de la medida cautelar a Duarte y otros exfuncionarios, el acuerdo también libera de dicha medida cautelar a la señora Bertha Olga Gomez Fong, esposa del exmandatario, en su calidad de imputada y en su relación de sociedad conyugal con su marido.
Mendoza Luján, añadió que este acuerdo es resultado de una promoción de la misma FGE, aún dirigida por la administración estatal pasada, “es una medida prudente en medio de un juicio que había violado todo tipo de garantías a los involucrados”.
