Ante la intentona del gobernador Jaime Bonilla para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasaran a ser posesión y operadas por Baja California, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Capufe determinaron que dicho decreto viola la Constitución y diversas leyes federales.
Mediante un comunicado conjunto señalan que la iniciativa de Bonilla incluso invade la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal que, por conducto de la SCT, otorga concesiones y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopista, así como vigilar técnicamente su funcionamiento.
El martes pasado el gobernador tomó control de las instalaciones de Capufe de manera ilegal a fin de dar paso libre a los automovilistas, amparado en el decreto que el mismo expidió.
Bonilla había adelantado que personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Municipal, se haría cargo de evitar actos delictivos en el lugar, violentando diversas leyes federales.
Para restablecer la operación normal de la plaza de cobro, la madrugada de este jueves 9 de julio, unos 160 elementos de las fuerzas armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, acudieron a dicho tramo carretero.
El operativo se llevó a cabo sin actos de violencia, no obstante, se advirtió a los involucrados que de no retirarse serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
La CAPUFE, como administrador y operador, anunció que procederá a iniciar las acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de las caseta y el tramo carretero.
“Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas”, detalló
En el acto en que se anunció el decreto de Bonilla acudieron funcionarios estatales, incluido el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
