CANCÚN, Quintana Roo.- Luego de reservar su derecho a declarar y pedir que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para dictar una sentencia, el exmandatario poblano, Mario Marín, sabrá hasta el próximo miércoles 10 de febrero si se le dicta auto de formal prisión o se le deja en libertad-
Aracely Andrade Tolama, abogada de la periodista Lidia Cacho, mencionó que el exmandatatio poblano y sus abogados, pidieron el arraigo domiciliario, al alegar que tiene problemas en un riñón que le causa dolor, además de que tiene riesgo de contraer COVID-19 a causa de su edad.
La abogada dio los detalles al término de la primera diligencia que se realiza en contra del llamado “Gober Precioso” en el Juzgado Segundo de Distrito.
Luego de una diligencia, que tardó poco más de tres horas, Andrade Tolama mencionó explicó que, tanto el Ministerio Público federal como ella, pidieron que no se acordara favorable la petición de arraigo domiciliar ni ninguna otra medida que no fuera la prisión preventiva, ni ahora en el término constitucional ni después.
La defensora de Lidia Cacho aseguró que el riesgo de contraer COVID-19 todos lo tienen y que cualquier padecimiento de salud se le puede atender en la cárcel, ya que Marín no está por voluntad y que el hecho de que pudiera estar en arraigo, lo predispone a evadir la acción de la justicia y pone en riesgo a la víctima, que es algo que ya sucedió antes.
Dijo que en los próximos días habrá más audiencias y diligencias, pero que será hasta el próximo miércoles si se le dicta auto de formal prisión o de libertad, ya que el delito del que se le acusa (tortura) está tipificado como grave y no alcanza libertad bajo fianza.
La abogada de la periodista Lidia Cacho destacó que Marín se encontraba bien físicamente y que inclusive él llevo en la mayoría su defensa, ya que es abogado, y que conoce cada amparo de su caso.
Recordó que, por el tema de tortura en contra de Lidia Cacho, se giraron 10 órdenes de aprehensión, de los cuales se detuvo a siete (uno ya cumplió su sentencia y las dos mujeres agentes ministeriales salieron por un amparo) y tres siguen prófugos como son Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno.
