El cuerpo de José Noriel Portillo Gil, alias 'El Chueco', habría sido encontrado sin vida en un camino de terracería de la Sindicatura de Picacho, municipio de Choix, Sinaloa, confirmaron esta mañana autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia mañanera de este miércoles que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) analizan la identidad del hombre que fue encontrado sin vida.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido asesinado el pasado 18 de marzo por habitantes de la región. De acuerdo con las primeras imágenes difundidas sobre el hallazgo, vestía pantalón oscuro y camiseta verde, así como un chaleco antibalas.
Las primeras versiones revelan que el presunto delincuente recibió un disparo en la nuca; sus victimarios habrían abandonado el cadáver en el lugar. En el lugar fueron encontrados varios casquillos de un rifle AK-47 o “cuerno de chivo” y de una pistola 9 milímetros.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, lo trasladaron a sus instalaciones donde le practicaron la necropsia de ley, y en conjunto con autoridades de Chihuahua y con base en análisis científicos, establecerá posteriormente más detalles sobre su identidad.
Portillo Gil, quien era el jefe de plaza del cartel de Sinaloa en el municipio de Urique, Chihuahua, era buscado por las autoridades por el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Salazar Mora, así como del guía de turistas Pedro Heliodoro Palma y del joven beisbolista, Paul Oswaldo Berrelleza, ocurrido el pasado 20 de junio en la localidad de Cerocahui.
Además, es señalado por el asesinato del turista norteamericano Patrick Braxton-Andrew, en noviembre de 2018.
'El Chueco' era buscado por las autoridades en la zona serrana que comparten los estados de Chihuahua y Sinaloa, región en la que por varios años controló la venta y trasiego de drogas, la tala ilegal de árboles, así como el cobro de derecho de piso a los habitantes de los poblados de los alrededores.
Justo el pasado lunes al cumplirse 9 meses del crimen, a través de sus redes sociales la orden jesuita de Chihuahua reprochó la falta de justicia y reclamó la permanente violencia a la que permanecen expuestos los pueblos.
En la carta refirió que en enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a favor de 11 jesuitas de Cerocahui, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad.
“Damos gracias a Dios porque en el contexto del noveno mes de los hechos tan dolorosos para la Compañía de Jesús, la Diócesis de la Tarahumara y el pueblo rarámuri, ahora mis hermanos jesuitas y nuestras hermanas religiosas que transitan por el mismo camino del legado de nuestros mártires, ya cuentan con medidas de protección internacionales, las cuales deseamos permeen en toda la Sierra Tarahumara”, dicta el texto.
