Una juez negó un amparo a dos peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusados de alterar indicios en el Río San Juan, durante las diligencias del caso Ayotzinapa.
Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, determinó que el auto de vinculación a proceso dictado contra Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, por el delito contra la administración de justicia, no transgrede ningún derecho de los imputados.
Los dos peritos habían tramitado un amparo en noviembre del año pasado contra el auto de vinculación por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, luego que la Fiscalía General de la República les imputó dicho delito.
Pero la juez resolvió que no existe ninguna causa legal para cancelar el procedimiento, el cual se encuentra apegado a derecho y no transgrede los derechos fundamentales de los ex servidores públicos.
La FGR los procesó al alterar el lugar de los hechos, perder indebidamente indicio de la conducta delictiva y obstaculizar la investigación del destino de 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, conductas que presuntamente fueron cometidas como coautores materiales.
Según la acusación de la FGR, el 28 de octubre de 2014, como a las 17: 30 horas, Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, se encontraba en el Río San Juan, Cocula, y por orden del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, alteraron el lugar de los hechos, ya que sin mandamiento buscaron y procesaron ocho bolsas plásticas negras que supuestamente contenían restos de los 43 normalistas.
Al margen del afluente removieron sedimentos y lodo hasta localizar una alforja negra, de la que extrajeron, al menos, un resto óseo, que no fue procesado ni analizado, conforme al método científico, para determinar su naturaleza u origen y del que se desconoce su paradero; por tanto, perdieron dicho fragmento.
