Familiares y amigos de Jorge Enrique Flores Silva, joven médico encontrado muerto en diciembre del año pasado en su casa en Tabasco, tras ofrecer una fiesta, marcharon y protestaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir el esclarecimiento del caso.
Aseguran que aunque las autoridades declararon que el deceso se debió a un suicidio, hay pruebas que acreditan que Enrique fue asesinado; sin embargo, una serie de irregularidades ha impedido que se haga justicia.
Apostados frente a la FGE, pidieron al fiscal Nicolás Bautista Ovando, entregue los resultados de la necropsia practicada al cuerpo la semana pasada.
Y es que el lunes, después de meses de solicitar la exhumación del mismo, y tras una insistente negativa de las autoridades, se logró la autorización para este paso que podría dar luz sobre lo que le ocurrió al doctor.
"Basta de violencia e impunidad en Tabasco. Exigimos una necropsia completa, con registros verídicos, sobre los golpes, fracturas y lesiones que fueron omitidas de primera instancia", se leía en una lona que colocaron en la entrada principal.
El estudio debía enfocarse en una fractura de la nariz, así como la apófisis transversa de la 7ª vértebra cervical, encontradas por medio de unas radiografías que la misma fiscalía estatal realizó, pero que extrañamente fueron omitidas en la primera necropsia.
Jorge Enrique Flores Mendoza, padre del joven, recuerda que aquel fin de año detectó que la nariz de su hijo estaba desviada y tenía golpes en el rostro cuando pudo ver el cuerpo, mientras que en la funeraria le encontraron más heridas que fueron omitidas por la médico legista.
Motivado por esas inconsistencias, Flores Mendoza presentó el 15 de marzo, mediante su equipo legal, una solicitud de exhumación del cuerpo para poder revisarlo y resolver las sospechas, pero tuvieron que pasar casi 7 meses para conseguir la orden.
Además, también hubo irregularidades en la revisión de las cámaras de seguridad, pues al obtener las cintas, los abogados constataron que faltaban partes de las grabaciones, además de que también fueron borrados los últimos chats e información de diciembre en el celular y computadora de la víctima.
La familia también promovió una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ha pedido audiencia con el fiscal General para pedir que se aceleren las investigaciones.
