Angelina Díaz Méndez, alcaldesa del municipio indígena de Aldama, Chiapas, renunció al cargo debido a que habría sufrido amenazas de violencia sexual y de ser quemada.
Ella llegó al cargo a través del registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin embargo, quien gobierna “por el sistema de usos y costumbres”, es su esposo, Alonso Pérez Sántiz. Ambos han sido acusados del desvío de 13 millones de pesos destinados a obras públicas.
De acuerdo al testimonio de Angelina Díaz, su destitución ocurrió el 30 de enero pasado, cuando el Cabildo la citó y la obligó a firmar la renuncia, tras ser amenazada con ser quemada y sufrir agresiones sexuales.
Angelina Díaz tomó posesión del cargo en septiembre de 2021 y, por las leyes de paridad, el PVEM debía presentar a una candidata mujer. Para saldar este requisito, Alonso Pérez Sántiz, candidato de ese ayuntamiento que vive desde hace al menos cinco años un conflicto armado que ha dejado decenas de personas muertas y heridas, nombró a su esposa Angelina Díaz para que ocupara la titularidad.
En los hechos, Alonso Pérez Sántiz ocupa el cargo de “presidente municipal por usos y costumbres”, y bajo ese nombramiento preside reuniones con los gobiernos estatal y federal y, en los hechos, gobierna.
Ambos, Alfonso Pérez y Angelina Díaz, fueron acusados por 22 agentes rurales de Aldama, de desviar 13 millones de pesos destinados a la construcción de caminos. El 22 de diciembre pasado, los pobladores se trasladaron a la capital de Chiapas para demandarlos formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
De forma paralela, el Cabildo le exigió a la alcaldesa que aceptara trabajar con un auditor externo, a lo que ella y su esposo se negaron.
En este marco, el 30 de enero la destituyeron en un contexto de amenazas. La alcaldesa interpuso una denuncia por violencia política en razón de género ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas, contra Gilberto López Lunez, síndico municipal de Aldama, y contra quienes resulten responsables.
