Luego de siete años y medio presa en una cárcel de Reynosa, Juana Alonso Santizo, migrante Chuj de Guatemala, acusada de un delito que no cometió, quedó en libertad.
Alrededor de las 20:30 de la noche de sábado dejó el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedés) de Reynosa, acompañada del Cónsul General de Guatemala, Mario René González Bolaños, para regresar a su país y reunirse con su familia.
Este fin de semana el Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, firmó una petición de incidente de libertad y solicitar al Juez del Proceso, audiencia para que se deje en libertad y pueda retornar a su país de origen.
Unos meses antes, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a través de una carta abierta dirigida a funcionarios estatales y federales exigió la liberación inmediata de Juana Alonzo, reparar el daño y garantizar la no repetición por las violaciones a los derechos humanos de la víctima.
DEL SUEÑO AMERICANO A UNA PRISIÓN EN REYNOSA
La mujer guatemalteca fue detenida el 10 de noviembre del 2014 por agentes de la unidad antisecuestro de la entonces Procuraduría de Tamaulipas, sin mostrarle orden de detención.
Juana Alonzo salió de Guatemala en agosto del 2014 cuando buscando llegar a los Estados Unidos, a donde se dirigía para reunirse con familiares en busca de mejores oportunidades de vida.
Sin embargo, el pollero que la llevaría la retuvo en contra de su voluntad en una casa de la colonia Villa Diamante en Reynosa, junto a otra mujer.
Fue la otra mujer, quien llamó a la policía para denunciar el secuestro, pero al llegar los agentes, presuntamente la habrían forzada para inculpar a Alonzo Santizo de un secuestro.
Juana Alonzo permaneció detenida por una semana sin avances en la investigación y, días más tarde, fue recluida en un penal de Reynosa. Pese a denunciar la tortura a la que fue sometida, nunca ha sido investigada, ni se le brindó la oportunidad de contar con asistencia consular.
Un año después, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México, junto con el Instituto de la Defensoría Pública asumieron su caso y revelaron que la prisión preventiva de Juanita era arbitraria, por lo que solicitaron su liberación inmediata.
Indicaron que Juana Alonzo fue víctima de políticas migratorias que empujan a las personas a rutas clandestinas, lo cual les expone a enormes riesgos y les aleja de redes de protección.
“Es fundamental adoptar alternativas de regularización migratoria respetuosa de los derechos humanos”, expusieron en las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
La Fiscalía de Tamaulipas también informó que inició una revisión pormenorizada del expediente de Juanita, celebrando reuniones tanto con sus defensores, autoridades de Guatemala, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares con la finalidad de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos durante el proceso legal que ha durado más de siete años.
