En el 160 aniversario de la Batalla de Puebla, el estado enfrenta sus propias "batallas" en temas de seguridad, economía y sociedad.
Este es un recuento de las principales problemáticas en la gestión de Miguel Barbosa.
NARCOTRÁFICO
Uno de los argumentos del gobernador es que, en Puebla, no existen problemas de inseguridad como en otras entidades.
Incluso, en mayo de 2022, descartó que algún cártel nacional domine la entidad, sin embargo, reconoció que sí hay presencia de grupos violentos con poder similar a los grupos del narcotráfico.
“...No identificamos un cártel nacional trabajando, dominando en Puebla, pero hay grupos delincuenciales tan violentos como cualquier cártel nacional. Todo el tiempo hay que combatir la inseguridad pública, combatiendo la delincuencia”, destacó.
Indicó que ha habido una disminución en los registros en 17 delitos violentos; sin embargo, otros como la extorsión y el narcomenudeo se mantienen en relativo crecimiento.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP ) durante el primer trimestre de 2022, en el estado se registraron 18 mil 995 delitos del fuero común, de los cuales 335 corresponden a homicidios.
Y en un comparativo de febrero a marzo de este año aumentaron en un 16.41 por ciento, al pasar de 5 mil 964 a 7 mil 134 ilícitos.
PRESENCIA DE CÁRTELES
Pese a las declaraciones del gobernador, en marzo de 2021, el mandatario estatal renovó el decreto que le permite disponer del control de la policía estatal en Puebla capital, toda vez que en ese momento reconoció que cuatro cárteles de la droga acechaban la ciudad.
"Los cuerpos de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla acatarán las órdenes que el Gobernador Constitucional les trasmita, por sí o por conducto de quien designe para tal efecto, mismo que comprenderá todo el territorio del Municipio de Puebla, incluyendo sus Juntas Auxiliares”, indica la disposición.
En el decreto, el gobernador hace referencia a informes reservados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada de México, Fiscalía General de la República y de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Barbosa Huerta hace referencia a remanentes de Los Zetas y de la Familia Michoacana, organizaciones que conservan pequeñas células en regiones de Puebla donde tuvieron presencia e importancia.
El Cártel de los Beltrán Leyva es otro que mantiene sus actividades ilícitas en la entidad, al igual que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Ambos cárteles operarían en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y, en particular, la ciudad de Puebla.
Indicó que la capital del estado es considerada como una zona estratégica y representa un objetivo prioritario en las ambiciones de expansión y control territorial del CJNG pues tendrían interés en las ganancias económicas que deja el robo de hidrocarburos.
Además, el mandatario estatal argumentó que entre las prioridades del grupo delictivo estarían en la incursión de otros mercados e ilícitos, como la venta de drogas, el cobro de extorsiones a comerciantes y locatarios, así como la trata de personas.
"Que Puebla Capital, como zona estratégica, sigue representando uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o “huachicoleo”, con la consecuente incursión en otros mercados o actividades ilícitas como el control del narcomenudeo, la extracción ilegal de rentas y la trata de personas, entre otros delitos de alto impacto relacionados como el homicidio y la intimidación de autoridades y candidatos en el contexto del proceso electoral que vive el país este año", detalla el decreto en la pagina cinco.
HUACHICOL
El robo de hidrocarburos es unos de los grandes problemas que enfrenta Puebla desde 2011.
De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) la entidad ocupó el tercer lugar nacional en cuanto al número de tomas clandestinas, con mil 534 registros en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2021, lo que implica un incremento del 413 por ciento respecto al mismo periodo pero de 2020.
A pesar de que hubo una disminución de 10.8 por ciento en las tomas clandestinas de Gas LP, el estado se mantuvo como líder de este ilícito, con mil 462 registros, además de que se registró una toma clandestina cada 6 horas.
Los municipios con mayor presencia de este delito son Amozoc, Tecamachalco, Acatzingo, Tepeaca y San Martín Texmelucan, esta último ocupa el primer lugar nacional en el primer semestre del año.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que después de Hidalgo, Puebla es el segundo estado del país con más tomas clandestinas detectadas en ductos de Petróleos Mexicanos, seguido del Estado de México en tercer lugar.
FEMINICIDIOS
En relación a los feminicidios, en 2020 Barbosa Huerta aseguró que no hay impunidad, pues por cada caso cometido hay un feminicida en la cárcel o en proceso judicial.
“En el tema de feminicidios quiero decirles que no hay impunidad, cada hecho de feminicidio tiene al feminicida en la cárcel o perseguido. El tema de la inseguridad le va a ocupar su tiempo a este gobierno y a los que sigan, pero tenemos que devolver la paz y la seguridad para que la gente viva y disfrute de su vida”, dijo.
No obstante, Puebla ocupa el lugar 11 a nivel nacional con mayor número de casos. La primera posición la tiene el Estado de México con 22 casos, seguido de Veracruz con 15 y Nuevo León con 14, de acuerdo con el reporte "Información sobre la violencia contra las mujeres", elaborado por el SESNSP.
En el listado de los 100 municipios con más casos de feminicidios, la entidad tiene cinco espacios:
Respecto al número de homicidios contra mujeres, Puebla suma 33 casos y 436 lesiones, así como dos secuestros en los meses de enero y febrero de 2022.
Debido a las cifras, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) analiza solicitar una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Puebla, al denunciar que las muertes violentas de mujeres no son investigadas como feminicidio.
Además, han exigido la destitución de la fiscal de feminicidios del estado, Celia Segreste Acevedo, y de Raquel Avendaño Fernández, encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, "luego de documentar su deliberada omisión que obstaculiza el acceso a la justicia en el caso de la doctora, Zyanya Figueroa Becerril, cuyo cuerpo fue encontrado en 2016".
El organismo indicó que en un primer momento, el caso fue investigado como suicidio, por lo que desde ese entonces su familia ha luchado para que la investigación se realice con perspectiva de género y bajo una premisa de investigación de feminicidio tal y como lo marcan los estándares en la materia.
Por su parte, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) indicó que durante el 2021, el mayor registro de carpetas de investigación iniciadas por feminicidio se identificaron en el mes de marzo con ocho, seguido de abril con seis; sin embargo, en el primer trimestre del 2022, febrero identificó tres carpetas de investigación por este delito.
De enero a marzo de 2022, hubo registros de este delito en tres municipios de los 50 con AVGM, esto representó el 50 por ciento del total registrado a nivel estatal.
LEVANTONES DE MUJERES
Durante el mes de abril, usuarias de redes sociales han dado a conocer al menos tres casos de intentos de secuestro o levantones en la entidad, uno de los cuales se concretó en el municipio de Amozoc.
En otro caso, la Universidad Anáhuac Puebla informó el 28 de abril que una de sus estudiantes intentó ser privada de la libertad cuando salió del gimnasio y se dirigía a la institución. El hecho ocurrió sobre la calle Orión Norte, en la incorporación hacia el Periférico Ecológico, a la altura del municipio de San Andrés Cholula.
Ese mismo día se difundió un video en el que se observa el presunto secuestro de una joven, luego de que unos sujetos la subieran a un vehículo, en la junta auxiliar San Salvador Chachapa, en Amozoc. La joven sigue desaparecida.
También se viralizó el caso de una estudiante originaria de Nicaragua, quien mediante su cuenta de TikTok narró cómo dos personas intentaron "levantarla" en pleno Centro Histórico de la capital de Puebla.
En este sentido, la organización acusó que la primera alerta de género no ha cumplido con su función de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo preparan una nueva petición a la Secretaría de Gobernación (Segob), para que atienda el tema con una segunda alerta.
ABUSO SEXUAL DE MENORES
En abril de 2022, el Igavim presentó el Análisis de los delitos de violación, abuso sexual, violencia familiar, feminicidio y trata de personas en los 50 municipios de Puebla con AVGM, el cual destaca que en los últimos seis años, las denuncias por violaciones sexuales a menores de edad en Puebla, aumentaron en 140 por ciento, al pasar de 135 casos en 2015 a 324 en 2020, mientras que, en el primer trimestre de este año, ya se contabiliza, en promedio, un caso al día.
El estado ocupa la quinta posición con más denuncias por violación equiparada acumuladas desde 2015 y hasta marzo pasado, a nivel nacional, al sumar mil 435 familias que han denunciado ese tipo de agresión en contra de un menor de edad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVPSP) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra de este delito es de 91.3 por ciento, por lo que la cantidad de abusos podría ser mucho mayor.
PERSONAS DESAPARECIDAS
De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el aumento de las desapariciones en el estado comenzó bajo el mandato del exgobernador, Rafael Moreno Valle. Desde su administración y hasta 2021 se registraron 2 mil 531 casos en todo el territorio.
Según el proyecto “Dignificando la memoria”, Moreno Valle “instauró una política restrictiva del espacio público y legisló a favor del uso de la fuerza desmedida durante protestas sociales”, lo que pudo tener un impacto en las desapariciones.
El Colectivo Voz de los Desaparecidos detalló que aunque el estado ha tenido cinco gobernadores desde el 2011, Miguel Barbosa es quien más ha minimizado la problemática, ya que acusan que los casos no han recibido atención de ningún tipo de institución especializada.
